Hay dos cosas que hay que superar del modelo de desarrollo vigente: prácticas políticas que impiden que el Estado juegue el rol que debe jugar y que comprometen la provisión de bienes y servicios públicos; y las fuentes de ganancias y acumulación, las cuales descansan en bajas remuneraciones y beneficios sociales, tratos fiscales excepcionales, y/o relaciones privilegiadas con el Estado.
Ambos elementos se retroalimentan. Como el Estado no provee los servicios económicos de calidad que las empresas (pequeñas o grandes) necesitan para desarrollarse y hacerse más productivas y competitivas, muchas de éstas recurren a una relación clientelar con los grupos políticos que toman decisiones, por ejemplo, buscando contratos favorables. Otras, bien organizadas en gremios, buscan tratos fiscales, legislaciones y políticas que les favorezcan. La mayoría, en general las más pequeñas y con un poder más disperso, quedan excluidas, sin favores ni servicios.
A su vez, esos tratos excepcionales, junto a las cuotas que reclaman el clientelismo y la corrupción, erosionan la capacidad del Estado para proveer a las empresas y a las personas de lo que el mercado no puede darles como seguridad, infraestructura, educación, protección social y algunos servicios económicos.
De esa manera la economía queda entrampada, con muy limitadas capacidades para lograr negocios dinámicos, más productivos y más innovadores, y con muy fuertes incentivos para generar una “guerra” por la captura de rentas, es decir, por atrapar beneficios que otro produce.
Sin pretensiones de agotar las opciones y sin orden de prioridad alguno, lo que sigue son sugerencias (en varios recordatorios) de acciones concretas que contribuirían a ir desmontando aspectos críticos de ese modelo e ir construyendo uno nuevo.
Un nuevo modelo necesita de una nueva política salarial que apunte a elevar el poder de compra de las remuneraciones laborales. Eso significa introducir instrumentos de ajuste salarial periódico más expeditos y de mayor alcance, que den cuenta tanto del cambio en los precios como de la productividad del trabajo.
También requiere de un régimen de seguridad social que proteja. Esto supone financiar adecuadamente el régimen subsidiado de la seguridad social, y poner músculo político a favor de la gente para revertir la situación actual en la que unos pocos (empresas financieras y proveedores de servicios) están concentrando los beneficios del sistema y reduciendo su capacidad de proteger.
En materia educativa casi todo está dicho. El Pacto Educativo es muy buen punto de partida pero se requiere vigilancia para que cada compromisario cumpla con su parte. El siguiente paso es avanzar para lograr una mayor integración del sistema educativo con el aparato productivo.
Por otra parte, la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción (IPAC) también ha delineado mucho de lo que hay que hacer para lograr un Estado más transparente y menos permeado por la corrupción y el clientelismo. Se han logrado algunos avances, como las veedurías y las licitaciones, pero muchos son de forma. Avanzar en las recomendaciones como las de la IPAC es ineludible para generar confianza de contribuyentes y ciudadanía en general, y para mejorar la calidad del gasto.
Por último, hay que reconfigurar todo el sistema de incentivos y de factores que inciden en las actividades económicas. Por un lado, hay que enfrentar los “sospechosos de siempre” que acogotan a las empresas como el costo de la energía, el costo del dinero, y los impuestos y figuras impositivas que encarecen los procesos productivos, y que impiden que se desarrollen y creen empleos. Una energía más barata es necesaria pero es insuficiente; hay que atacar el fraude. Los anticipos y los altos impuestos a los hidrocarburos hace difícil producir. Valdría la pena pensar en reemplazarlos por impuestos sobre los ingresos y el patrimonio. Estos no gravan la producción sino la riqueza ya producida.
Por otro lado, hay que desmontar los regímenes tributarios excepcionales y eternos, y poner tiempos límites a aquellos que beneficien a actividades emergentes, porque ellos minan la equidad y erosionan las capacidades financieras del Estado. Es necesario reemplazarlos por estímulos que antes que inflar ganancias, impulsen cambios de fondo y sostenidos en las empresas tales como los servicios de apoyo a la producción como los de extensión agropecuaria, de apoyo al aprendizaje tecnológico y para la adopción de las mejores prácticas productivas (p.e. inocuidad, empaque) o los de inteligencia de mercado para aprovechar oportunidades de exportación.
En síntesis, hay que avanzar en transformar al Estado y a las empresas con miras a proteger a las personas y expandir sus oportunidades.
