Hoy 2 de Abril se celebra el día mundial del autismo y algunos países reciben la fecha con muy buenas noticias sobre el tema. Por ejemplo, el Senado en México acaba de aprobar una ley de protección a las personas con autismo para asegurar entre otras cosas el acceso a terapias, un trato no discriminatorio, una amplia campaña de información y mucho más.
También en nuestro país hace apenas dos días el Seguro Nacional de Salud (Senasa) anunció que dará cobertura dentro del régimen subsidiado de la seguridad social a los servicios de salud para las personas con autismo (ojalá esto incluya las terapias conductuales ya que la mayoría de los autistas no necesitan medicamentos).
En la actualidad las cifras de personas con algún trastorno dentro del espectro autista son muy altas: aproximadamente 1 de cada 68 niños nace autista, y aunque no está claro si por alguna razón ha habido una proliferación real de los casos o si los números han aumentado porque existen mejores herramientas y disposición para la detección temprana, lo cierto es que hoy el autismo es tan común como la diabetes y otras condiciones muy conocidas.
En República Dominicana se ha avanzado mucho con el tema. Desde la creación de un moderno Centro de Atención Integral a la Discapacidad (CAID) con excelentes terapeutas hasta las aulas especiales en el sistema de educación pública han mostrado desde el Estado intenciones serias de ocuparse.
Sin embargo, aún hay grandes lagunas y deficiencias, especialmente en lo relativo a educación pues aunque existen leyes para ello como la Ley No. 5-13 sobre discapacidad, no hay una verdadera inclusión en el sistema educativo ni una adecuada preparación del personal de escuelas y colegios para tratar estos casos especiales.
Y si bien las citadas aulas ayudan a muchos niños, si tomamos en cuenta las cifras señaladas, esto no es suficiente para garantizar el acceso a educación a una gran cantidad de niños con autismo y otras discapacidades en nuestro país.
Por lo anterior, no sólo es necesario que el Ministerio de Estado de Educación y el Gobierno en general continúen su camino hacia la inclusión en la educación pública, sino que además es urgente que intervengan en el sistema educativo privado para exigirles más a los colegios, comenzando por algo elemental: el cumplimiento de la ley.
