Los diálogos que por meses se han estado gestando en el ámbito político, eléctrico y de salud parecen haberse estancado, tras decenas de reuniones que no acaban de parir acuerdos definitivos.Es lo que ha sucedido con el diálogo político institucional, convocado a pocas semanas de las elecciones para discutir las leyes de Partidos y de Reforma Electoral, y que entró en un punto muerto luego de que los partidos de oposición se retiraran de la mesa de negociaciones, bajo el alegato de que el Gobierno intenta ratificar a Roberto Rosario como presidente de la Junta Central Electoral.
La pelota está en la cancha del presidente Danilo Medina, a quien la oposición y la sociedad civil le exigen su intervención para “salvar las conversaciones”, garantizando que los integrantes de los órganos electorales sean personas independientes escogidas por consenso.
El tema laboral ha sido incorporado al debate. Representantes de las centrales sindicales depositaron el pasado viernes un documento en el Ministerio de Trabajo, en el que demandan reunir lo antes posible el Comité Nacional de Salarios, para volver a retomar la discusión salarial, luego del fracaso de las conversaciones en mayo del año pasado, ante alegados intentos del sector patronal de eliminar la cesantía y otras conquistas laborales, a cambio de un aumento de salarios.
Tranque con médicos
Otro diálogo suspendido en el tiempo es el que por más de seis meses sostienen las autoridades gubernamentales y la clase médica, en procura de un aumento salarial y otras reivindicaciones para el sector que se encamina a implementar la Red Única de Servicios Públicos de Salud.
El pasado 26 de septiembre, el Colegio Médico Dominicano (CMD) entregó al rector de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), padre Jesús Castro, en su calidad de mediador entre los galenos y el Gobierno, una contrapropuesta de salario, cuyo contenido se ha mantenido en total hermetismo.
Se espera que el Gobierno vuelva a convocar a los médicos, quienes exigen un incremento salarial de un 45%, más los incentivos y la dignificación de las condiciones de los hospitales públicos.
En lo concerniente al Pacto Fiscal, previsto en la Ley 01-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que busca corregir distorsiones en el sistema tributario, controlar la evasión y elusión fiscal e incrementar las recaudaciones, habrá que esperar hasta el próximo año, cuando concluya el Pacto Eléctrico, según ha dicho el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.
Desconfianza en clase política
Durante estos meses, economistas, empresarios y sindicalistas han expresado que la debilidad en las instituciones del Estado y la desconfianza en la clase política son los principales escollos que han impedido su materialización.
“El sector empresarial ha sostenido y así lo hemos acordado con las autoridades, que antes de iniciar cualquier discusión relativa al Pacto Fiscal se debe culminar el Pacto Eléctrico que nos conduzca a una reforma del sector eléctrico consensuada que permita la eliminación o reducción sustancial en el sector eléctrico y que, por lo tanto, reduzca significativamente el déficit fiscal”, ha dicho Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
El pasado 24 de agosto, monseñor Agripino Núñez Collado anunció un receso en las discusiones del Pacto Eléctrico, para ser retomadas a partir del 1 de septiembre, lo que no ocurrió. El tranque de las discusiones, que ya superan los 18 meses, se atribuye al precio en la tarifa eléctrica técnica, la intervención y fiscalización de las Edes, el plan de energía a 30 años y el proyecto de Punta Catalina.
