Amnistía Internacional ha encarado al Gobierno dominicano que reconozca la existencia de apatridia, para entonces resolver el estatus de estas personas, que podrían llegar a ser “decenas de miles”.Así lo deja ver en el informe titulado “Sin papeles no soy nadie, personas apátridas en la República Dominicana”, en el que hace un análisis a las decisiones del Estado dominicano puestas en marcha desde 1990 hasta sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, para desembocar en lo que el organismo internacional considera “el camino hacia la apatridia”.
En la investigación de 60 páginas, Amnistía reconoce los esfuerzos del Gobierno por no dejar a ningún sujeto sin derecho, como la aplicación de la Ley de Naturalización 169-14. Pero destaca que esos esfuerzos han otorgado “una solución parcial”. “Se necesita reconocer que hay apátridas en el país, que hay decenas de miles de personas. O sin dar números, que hay un número de personas en condición de apatridia. Si se puede reconocer esto se pueden tomar medidas adecuadas”, puntualiza la investigadora Chiara Liguori, quien fue la encargada del equipo que hizo el estudio. La especialista, de origen italiano, no se atreve a dar cifras exactas de apátridas, porque conoce que no existen datos fiables para dar con un número de personas en condición de apatridia, “pero estimamos que estamos en la decenas de miles”.
El análisis concentra su temor de apatridia en el Grupo B de la Ley 196-14 de Naturalización que establece que los hijos de indocumentados que no se inscribieron en el registro civil podrán optar por la naturalización cuando pasen dos años. Para este grupo, en el que se inscribieron 8 mil 755 hijos de extranjeros, Amnistía critica que ni la campaña de información ni el plazo de seis meses de registro fue suficiente.
La investigación duró dos años, desde el 2013 al 2015, fueron entrevistadas 143 personas y se examinaron informes oficiales y de varias ONG, artículos de prensa y otros documentos.
El organismo deja en evidencia que “no hubo respuesta a las solicitudes de reunión con el presidente de la Junta Central Electoral”, y que ese organismo no facilitó documentos que sustentara su versión de que “no hay apátridas en la República Dominicana”.
Cuando a Liguori se le cuestiona una posible solución, ella responde que el Gobierno “debería hacer una ley de reconocimiento de nacionalidad para los que la tenían antes de la Constitución del 2010. Quizás sea difícil en este momento electoral, pero debería ser la solución ideal a medio plazo”.
