República Dominicana participó en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde se quejó por las reiteradas convocatorias para abordar el tema del derecho a la nacionalidad dominicana.Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (CIDH) realizó en diciembre de 2013, hace apenas tres meses, una visita in loco, por invitación del Gobierno dominicano, en la cual tuvo la oportunidad de tratar de manera directa, con todos los actores, los temas que fueron ventilados en esa audiencia.
La embajadora Radhys Abreu de Polanco, quien representó al país en la audiencia temática sobre la situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, precisó que aún la CIDH tiene pendiente rendir el informe correspondiente para que el Estado pueda formular las observaciones de lugar. Durante esta audiencia, Abreu de Polanco explicó que, a través de la Junta Central Electoral, ya se realizó un levantamiento en el cual se inventarió el número de extranjeros inscritos en el registro civil del país, sea de manera regular o irregular. Puntualizó que en noviembre de 2013, la JCE escrutó los registros de nacimientos de hijos de padres extranjeros, evidenciándose que personas de 117 nacionalidades habían registrado los nacimientos de sus hijos entre 1929 y 2007.
Expuso que “los libros fueron escrutados teniendo en cuenta los criterios legales relativos al régimen de adquisición de la nacionalidad dominicana, establecidos en las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional de nuestras normas jurídicas en sus respectivos pronunciamientos”.
Crítica
La CIDH criticó que las medidas tomadas por la República Dominicana ante las denunciadas violaciones al derecho a la nacionalidad van “en una dirección distinta” de la que marca la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En una audiencia pública de su 150 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió una respuesta “inmediata” del Estado dominicano a las observaciones que el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió tras su visita a República Dominicana el pasado diciembre. En esas observaciones, la CIDH consideró que el problema en República Dominicana se ha “agravado” debido al fallo emitido el pasado septiembre por el Tribunal Constitucional, que niega a los hijos de extranjeros indocumentados esa condición y que la Comisión considera “discriminatorio”.
Auditoría
Entretanto, la auditoría al Registro Civil que la Junta Central Electoral realizará por mandato de la sentencia 168/13 tendrá un costo aproximado de 213 millones de pesos y una duración de aproximadamente ocho meses, según consta en el plan de trabajo que para esos fines elaboró la Comisión de Oficialías y que fue presentada ante la CIDH ayer durante la sesión en contra del país por supuesta violación a los derechos humanos. Según lo informado a los representantes de la CIDH se formará la Unidad Multidiciplinaria para realizar la auditoría que estará compuesta por técnicos en informática, abogados, inspectores y digitadores, entre otros.
