Abogados y voceros de los afectados por la quiebra de la Corporación Delta Intur afirmaron ayer que la negativa de sus principales accionistas de comparecer ante los tribunales es un intento por eludir la acción de la justicia.
En un despacho de prensa, los reclamantes expresaron que el hecho de que los tres principales ejecutivos de la empresa no reconocen el domicilio legal declarado en la ciudad de Santo Domingo, justifica con más razón las medidas dictadas en su contra por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que los declaró prófugos por no acudir a los requerimientos de la Justicia bajo la imputación de distraer más de RD$1,500 millones en bonos corporativos y papeles comerciales.
“Al negarse a comparecer ante los tribunales dominicanos bajo el alegato de que no residen en el país, los señores Leonardo Sánchez Heredero Álvarez, Mariano Vallejo Martín y José Ignacio Martín Molina, pretenden eludir la acción de la Justicia, declarando distintos domicilios, de acuerdo a su conveniencia”, expresan los afectados.
Mediante la acción legal contra los empresarios españoles y los ejecutivos locales de Delta Intur, se procura la devolución a los tenedores de bonos y papeles comerciales de unos RD$700 millones de capital y RD$315 millones de intereses y mora acumulados a la fecha, dejados de pagar desde que la empresa comenzó a mostrar señales de insolvencia, a principios del año 2012.
“Para apropiarse del dinero de los bonistas tenían domicilio en Santo Domingo, pero para responder ante la Justicia, viven en España”, cuestionan los reclamantes.
Los representantes de las familias afectadas suministraron copia de una declaración jurada del gerente general de Delta Intur, Julio José Vega López, donde se establece que el domicilio legal de esa empresa está situado en la calle Lope De Vega número 35, esquina Max Henríquez Ureña, de la ciudad Santo Domingo.
Aseguran que los empresarios españoles declarados en rebeldía repiten los argumentos que fueron derrotados en audiencia anterior.
