Como un primer paso hacia lograr la despenalización y eliminación de la privación de la libertad en los delitos de prensa o de palabra fue considerada ayer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional el artículo 46 de la Ley No. 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que establece que los directores o editores o sus sustitutos son autores principales de los crímenes y delitos cometidos por la vía de prensa.
Los periodistas Osvaldo Santana, director de elCaribe; Miguel Franjul, de Listín Diario, y Rafael Molina Morillo, de El Día, así como Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho; Demóstenes Martínez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y el jurista Flavio Darío Espinal, coincidieron en ese aspecto al participar en la mesa redonda sobre transparencia y gobernabilidad, que organiza la Fundación Institucionalidad y Justicia, y que en esta ocasión tuvo como tema “la libertad de expresión y medios de comunicación: la perspectiva de la reforma legal”.
Señalaron que la decisión personaliza los delitos de difamación e injuria en quien los comete y elimina la “aberración” de que el director o ejecutivos o periodistas de los medios son los responsables principales, mientras el autor material figuraba como cómplice.
Sin embargo, manifestaron que hay que avanzar hasta lograr la eliminación de la privación de la libertad en los delitos de palabra o prensa, tal y como lo establecen varias jurisprudencias en ese sentido evacuadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y otros organismos internacionales de los que el país es signatario.
Los expositores fueron enfáticos en abogar por una reforma a la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y el Código Penal, para eliminar las disposiciones que restringen la libertad de prensa y que contemplan pena de prisión para los delitos de prensa.
Puntos de vistas
El diputado Demóstenes Martínez dijo que la Comisión de Justicia la Cámara Baja recomendó la eliminación de la prisión como pena para los delitos de prensa o de palabra, y se mostró de acuerdo con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley 6132.
Observó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha evacuado sentencias despojando de responsabilidad penal delitos de prensa, y que esas sentencias son en sí jurisprudencias que deben ser acatadas por la legislación dominicana, ya que en materia de acuerdos internacionales éstos tiene supremacía sobre la Constitución.
Osvaldo Santana, director de elCaribe, sostuvo que ningún director o periodista puede ser responsable por los hechos de terceros, pero a su vez los medios de comunicación no pueden impedir que esos terceros expresen sus opiniones libremente.
En ese sentido, señaló que para que un director o periodista sea responsable en un delito de prensa o palabra debe existir y demostrarse una intención maldosa en la publicación.
Asimismo, consideró que la Ley 6132 debe ser adecuada a estos tiempos en que la tecnología de la comunicación avanza de forma vertiginosa.
“Yo creo que más que mecanismos para judicializar la información, o más que los periodistas nos autocensuremos, lo que hay que hacer es establecer mecanismos de control de la calidad de las informaciones”, apuntó,
Rafael Molina Morillo, director de El Día, manifestó que “estoy totalmente de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, estamos avanzando”.
Al agotar su turno, el director de Listín Diario, Miguel Franjul, calificó como un paso de avance la declaración de inconstitucional del artículo 46 de la Ley sobre Libre Expresión y Difusión del Pensamiento.
Observó, no obstante, que la meta es lograr la despenalización de los delitos de prensa o palabra, lo que no significa que la injuria y la difamación queden impune o mucho menos que se otorgue un privilegio a la prensa.
“Lo que se busca es que el que difame o injurie pague su responsabilidad, y esa decisión le pone rostro a quien difama o injuria”, subrayó. No obstante, alertó en el sentido de que en muchos países donde se han despenalizado los delitos de prensa los gobiernos buscan la forma de coartar la libertad de expresión y limitar el trabajo de los medios. l
CDP aboga no dejar solos a periodistas
Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, reiteró la necesidad de modificar o cambiar la Ley 6132 para dejar claro y establecido los derechos de que gozan los ciudadanos en torno a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad y al buen nombre.
Dijo que la decisión de la SCJ presionaría a decidir y fijar posición definitiva sobre la contraposición de dos derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento y el derecho al honor.
Consideró que en la redacción de un medio de comunicación, el director o subdirector también tienen que ser responsables de las informaciones publicadas y no solo el periodista, ya que podría hacerse común la figura de la censura previa, privando a la sociedad de recibir informaciones veraces y oportunas.
