Favorecer la penalización del delito de prensa es una de las posiciones conservadoras asumidas por el jefe del Ministerio Público, Francisco Domínguez Brito.El funcionario a través de su representante en el Tribunal Constitucional (TC), Ricardo José Taveras, solicitó el pasado viernes que se rechace una acción de inconstitucionalidad que busca despenalizar el delito de prensa y eliminar la responsabilidad en cascada establecida en la ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
“Una cosa es que sea inconstitucional y otra es que cambiemos la ley, estoy de acuerdo en que no debe haber prisión, debe ser de interés de las partes, una falta civil; es tan o más fuerte que lo penal”, explicó Francisco Domínguez Brito a elCaribe. El magistrado puso como ejemplo que puede estar o no de acuerdo con el aumento de la pena en el Código Penal pero eso no significa que sea inconstitucional”. Al hablar de la penalización del delito de prensa, en su opinión vertida ante el TC se inclinó por el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, a su vez, entiende que la pena en este delito debe darse en el contexto de la subsidiaridad y proporcionalidad.
Beneficia reglamento Indotel
A través de su representante, Domínguez Brito solicitó ayer que se rechace la acción de inconstitucionalidad contra la resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) que establece un reglamento para la obtención y preservación de datos e información por parte de proveedores de servicios.
En su opinión, el procurador adjunto Taveras Cepeda explica que la resolución impugnada no viola derechos fundamentales y que no es más que la concreción de un mandato de la ley 53-07 Sobre crímenes y delitos de alta tecnología.
Los accionantes en el caso, Namphi Rodríguez, José Rafael Molina Morillo, Fundación Prensa y Derecho, y el Centro para la Libertad de Expresión en República Dominicana, indican que el reglamento permite mantener y poner a disposición de las autoridades, sin orden judicial previa, una relación del tráfico, conexiones y accesos de las comunicaciones electrónicas lo que viola el derecho a la intimidad. Ambos casos conocidos por el TC el viernes y ayer, están en estado de fallo.
