El procurador general de la república, Francisco Domínguez Brito, está inmerso en una jornada agresiva y contradictoria de lucha contra la corrupción y ha establecido como su escenario de guerra principal el caso de presunta corrupción del senador peledeísta Félix Bautista. Y digo presunta no porque esté defendiendo a Félix, pues él es quien tiene que defenderse de todas estas acusaciones en los tribunales, sino porque para todos los acusados hay presunción de inocencia hasta que sea condenado.
Domínguez Brito ha preparado un expediente de más de 400 páginas donde supuestamente logra demostrar que el senador Bautista ha creado una red para lavado de activos y ha desfalcado al estado dominicano. El procurador se ha montado en un deseo de la población que exige el fin de la impunidad y ha creado un entorno mediático para brillar más políticamente que otra cosa. Nadie niega que Francisco es un hombre serio, honesto, que tiene buenas intenciones para desarrollar una real campaña en contra de la corrupción. Sin embargo, no es menos cierto que el procedimiento que ha estado usando no le ha sido tan efectivo desde el punto de vista legal y por demás ha sido manchado por sus actuaciones de índole político partidista, lo cual le está claramente impedido por la Constitución de la república que establece de manera clara y precisa en el artículo 171, párrafo II que “La función de representante del Ministerio Público es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente y, mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones, no podrán optar por ningún cargo electivo público ni participar en actividad político partidista”. La participación de Francisco hace unos meses como aspirante al comité político del PLD y las consultas para su proyecto presidencial, son una franca violación constitucional.
Para algunos sectores de la sociedad y hasta para el propio Domínguez Brito, esta posición que hemos asumido varios comunicadores es un supuesto apoyo a Félix y a la corrupción. Y debo decir que esa acusación es una forma de justificar lo injustificable. En mi caso particular soy partidario de que la sociedad se adecente cada vez más y más, que se bajen los niveles de corrupción hasta ser eliminados, que los mecanismos institucionales funcionen contra quien sea pero de manera justa, que se siembren valores cristianos, éticos y morales en toda la sociedad. Nunca defenderé nada indebido pero tampoco seré parte de una acción que tenga la intención de hacer daño de manera injusta y discriminatoria.
Francisco Domínguez Brito lamentablemente ha iniciado un proceso con la mejor intención pero que tiene serias consecuencias políticas. No es casual que él y el Ministerio Público hayan sido derrotados en todas las propuestas que han hecho en los tribunales competentes. Como amigo y hermano que soy de Francisco le sugerí que lo más recomendable para él y para el éxito del proceso anti-corrupción es que renuncie como Procurador General y se integre a la barra de abogados que acusan a Félix Bautista. Así tendrá una nueva oportunidad de crecerse ante la historia sin tener que violar la constitución ni hacerle el gran daño que le está haciendo al partido del que es miembro de su comité central. Salvo que su futuro político esté en otros litorales.
