El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, observó este martes el proyecto de ley de armas debido a que entiende que si es aprobado tal y como fue concebido, abriría las puertas al negocio y comercialización de armas de fuego.
Abogó para que se establezcan mayores sanciones y restricciones en la referida pieza.
“Si aprobamos este proyecto, tal y como fue aprobado, creo que serviría más bien para regularizar la importación y la comercialización de armas, más que la regularización en sentido general de la violencia”, subrayó el procurador, quien subrayó que este fin de semana en San Francisco de Macorís se produjeron siete muertes violentas que involucraban armas.
Calificó la situación como grave, aunque reconoció que dos de esas muertes fueron a manos de la Policía, durante un alegado intercambio de disparos.
A través de un comunicado enviado a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, el magistrado hizo algunas observaciones y recomendaciones que incluyen mayores sanciones para muertes por el uso de armas ilegales, así como otras regulaciones de las armas en manos de civiles y militares.
“El policía o el militar que preste un arma de fuego para la comisión de un delito, que la alquile o que haga cualquier manifestación de ese tipo debe ser castigado con una pena de cinco a 10 años de privación de libertad. Basta ya de que siga la práctica de que con fondos público, con fondos del Estado adquiridos o con los cuales se adquieren armas de fuego estas sean entregadas a civiles, a políticos o a cualquier otro ciudadano simplemente para beneficiarse o logar algún tipo de simpatía”, propuso Domínguez Brito.
El proyecto de ley armas ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora va al Senado de la República, donde Domínguez Brito espera que se apliquen las modificaciones de lugar, ya sea en esta o en la próxima legislatura.
