Santiago. El Centro de Formación y Acción Social y Agraria presentó una investigación, en la que dominicanos de ascendencia haitiana narran cómo son afectados por la resolución 12-07 emitida por la JCE.El informe “Vidas suspendidas” fue presentado el pasado miércoles en la sede del Cefasa.
Varios de los afectados relataron las vicisitudes hasta para matrimonio, como en el caso de una mujer que no pudo casarse porque la Junta Central Electoral le negó el acta de nacimiento.
Otros que acuden a buscar trabajo por carecer de cédula no pueden obtener un empleo. El caso más dramático le sucedió hace tres años a una estudiante que cuando fue a pruebas nacionales de octavo no pudo tomarlas, por la falta del acta de nacimiento. Eso le impidió continuar los estudios. El documento también contiene el relato de una mujer que labora en el área cultural que no pudo viajar a Curazao porque le negaron el acta para poder obtener el pasaporte.
La investigación, realizada por Katerina Civolani, describe las consecuencias que la aplicación de dicha resolución tiene en la vida cotidiana de los afectados.
“Yo entiendo que las leyes no son retroactivas: ¿cómo va a ser que después de 25 años me van a negar un documento que ya se me entregó una vez y que cumple todos los requisitos de la ley?”, dice Alfredo Oguisten, uno de los perjudicados. Los afectados piden el reconocimiento público de la Junta Central Electoral de las consecuencias del daño que ha causado.
