La DPCA citó para mañana a Ángel Lockward para interrogarlo en relación a presuntas irregularidades detectadas en su gestión como embajador en Colombia. La citación fue realizada por el titular de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, quien dijo a elCaribe que recibió la cooperación internacional que le había solicitado a Colombia como parte de la investigación que se le sigue a Lockward.
El exdiplomático debe estar a las 9:30 de la mañana en la DPCA. “El caso de Lockward se refiere básicamente a supuestos abusos de cargo en cuanto a las exoneraciones y otros hechos”, explicó Bonilla. “Su presencia resulta necesaria para el esclarecimiento de dichos hechos”, dice la instancia.
Otros casos que avanzan
Bonilla informó que tanto el caso de Lockward como el de Amable Aristy Castro (la Liga Municipal Dominicana) y la investigación a José Enrique Sued, exalcalde de Santiago, están avanzadas. El año pasado las oficinas de Lockward fueron allanadas por la DPCA.
Otros expedientes pendientes son dos denuncias contra el senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista (se solicitó auditorías al Codia y a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), cuyo director es el ingeniero Diandino Peña, entre otros. De acuerdo con las informaciones relativas al seguimiento de los expedientes de corrupción administrativa que se han sometido a los tribunales, éstos a veces se estancan en las cortes del país.
En ese sentido, Bonilla dijo que anteriormente la justicia recibía cierta “influencia”, pero “hay una nueva cabeza en el Poder Judicial en la cual confío plenamente. Para mí es una composición de lujo que se da el país”, explicó.
Por otro lado, manifestó que “quienes utilizan los temas relacionados con la corrupción para proselitismo están cavando la tumba de la nación porque los que estén verdaderamente implicados se escudan en el partidarismo para no ser perseguidos”.
Agregó que en general los apoderamientos a la DPCA llegan de la Cámara de Cuentas, una que otra información que se divulga públicamente y las investigaciones que han abierto de oficio.
Creen la DPCA es ineficiente
Al opinar sobre el trabajo de la DPCA, el presidente del Colegio de Abogados, José Fernando Pérez Vólquez, dijo que la DPCA no debería ser una dependencia del Gobierno porque es utilizada para imponer el miedo y la politiquería.
“Ese departamento debe estar bajo otra tutela, no de la dependencia del Gobierno Central. Eso deben entregárselo a una institución como Participación Ciudadana, el Colegio de Abogados o la Suprema Corte de Justicia (SCJ)”, refirió Vólquez.
Mientras que Francisco Álvarez, coordinador de Participación Ciudadana, calificó como deficiente la labor realizada por la DPCA.
Dijo que “existe una cantidad de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas que describen irregularidades importantes en dependencias del Estado y que han sido remitidas al departamento de persecución sin que este haya actuado con la diligencia que merecen esos casos”, expresó.
Álvarez agregó que hay que revisar si los casos de corrupción son bien manejados por la DPCA.
Apoderan a juzgado para conocer caso Indrhi
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado ayer para conocer la acusación en contra del ex director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Héctor Rodríguez Pimentel, y otros seis acusados de perjudicar al Estado por valores ascendentes a más de mil millones de pesos. El juzgado presidido por el magistrado Román Beroa fijará en los próximos días la audiencia para conocer de la solicitud de auto de apertura a juicio.
En tanto, el Quinto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional presidido por la magistrada Gissel Soto fijó para el 26 de julio el conocimiento de la solicitud que hiciera la DPCA para que el caso se declare complejo. En la acusación presentada por el Ministerio Público se registra que el Indrhi tuvo una diferencia de RD$161,773,519.69, entre diversas cuentas de servicios personales y nóminas soportantes. La entidad pagó sobresueldos como incentivos y dietas a personal fijo, por un monto de RD$1,622,699.96 y no retuvo la suma de RD$345,491.66, correspondiente al Impuesto Sobre la Renta previsto por el Código Tributario.
