¿Puede la sociedad conformarse con la crítica del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, en el sentido de que la justicia falló en el caso de la asesinada Miguelina Altagracia Martínez Morel? De ninguna manera. El procurador defiende el papel del Ministerio de la Mujer, pero tememos que la cuestión no es tan simple. Nos atrevemos a vaticinar que en poco tiempo otra mujer caerá asesinada a manos de un desequilibrado, al margen de que la potencial víctima se querelle igual que Miguelina Altagracia, 18 veces o más. Podría recibir una estocada por cada denuncia.
Es que el sistema judicial, el sistema de prevención del delito, funciona mal. No es raro que sólo después que se cometen los crímenes, los organismos investigativos, con eficiencia impresionante, descubran las tramas, redes, toda suerte de vinculados, pero sólo y únicamente cuando los hechos se han consumado.
La realidad es que muchas mujeres acuden ante las autoridades y no les prestan la atención debida, y cuando les reciben sus quejas formalmente, la justicia no tiene los instrumentos y mucho menos la voluntad para prevenir tragedias como la de Miguelina Altagracia.
¡Qué doloroso el vídeo donde esa mujer declara sus temores a ser asesinada por su ex marido! Su queja es dramática: “Las autoridades están flojas… son 15 días que estoy en esto. ¿Será que están esperando que él me mate para ellos actuar…?”
Alguna autoridad, como para justificarse, refiere que la mujer desistió de su denuncia contra el que vendría a ser su victimario. Pero se sabe muy bien, porque es un lugar común, que en la generalidad de los casos las mujeres abusadas retiran las querellas porque temen lo peor, y piensan que pueden evitar represalias recurriendo a ese medio.
En vez de buscar explicaciones insensatas, la justicia tiene que trabajar para que el régimen de la libertad bajo fianza opere con mecanismos de control que eviten esta clase de tragedias.
