Algunos hechos y situaciones que acontecen en República Dominicana sólo pueden ser comprendidos por los dominicanos, que los aceptan porque quizás concluyen en que no pueden modificarlos. Y lo dejan al tiempo.
Por ejemplo, la ubicación del Tribunal Constitucional, en la misma edificación del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE).
Una institución cuya misión y existencia en estos tiempos debe ser objeto de estudio. Es incongruente que un tribunal creado para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, comparta el escenario con un instituto de esa naturaleza.
El presidente del Constitucional, Milton Ray Guevara, racionaliza el problema con un dejo de gracia e ironía: “Tenemos una peregrinación urbana que empezó en Unibe, donde duramos seis meses; de ahí llegamos a la Pucamaima y duramos un mes y ahora estamos en un local provisional que fue remodelado por el gobierno del presidente Leonel Fernández para recibir al Tribunal”.
El Constitucional “gozará de autonomía administrativa y presupuestaria”, dice el artículo 184 de la Constitución, pero sus miembros deben implorar la asignación de una sede compatible con su dignidad y trascendencia.
Si bien los miembros del Tribunal aceptaron alojarse provisionalmente en ese sitio, porque no le ofrecieron mejores opciones, ese no puede ser su local definitivo, aunque una salida viable podría ser que INESPRE migre, si se toma en cuenta que es una agencia en transición, que ha disminuido
consistentemente sus operaciones, a la luz de los cambios en la economía.
Un órgano llamado a jugar roles tan especiales no debe estar arrimado en esas condiciones, muy difíciles para trabajar adecuadamente, al extremo de tener que habilitar dos furgones para alojar algunas oficinas.
El presidente Danilo Medina debe contribuir en la búsqueda de una solución definitiva. El Constitucional no se merece eso. l
