El Senado de la República aprobó la Ley sobre Estrategia Nacional de Desarrollo (END) con modificaciones importantes en relación al financiamiento de la educación.
En la versión original se posponía para el año 2015 el cumplimiento del 4% del producto interno bruto para ser invertido en la educación no universitaria. Con las modificaciones introducidas, esta meta se fija para el año 2013, lo que no excluye el 2012 que se debe regir por la Ley 66-97 que lo hace mandatorio.
Esta decisión es coherente con el “Compromiso Político y Social por la Educación de la República Dominicana” firmado por los candidatos presidenciales el pasado 7 de septiembre. De igual manera establece un incremento sostenido hasta llegar al 7% en el año 2030, meta ésta por debajo del compromiso asumido por los candidatos, en el que se consigna un 8%.
Esta pieza legislativa será conocida ahora por la Cámara de Diputados. Es de esperar que los diputados también sean consecuentes con el compromiso de los candidatos de sus respectivos partidos y que no sólo ratifiquen el cumplimiento del 4% a partir del 2013, sino que eleven la meta establecida para el año 2030 a un 8%. Costa Rica tiene esta meta en su constitución para el año 2014. Los candidatos presidenciales se comprometieron con esta meta para el 2030.
La modificación de este proyecto de ley por el Senado le da validez a los esfuerzos que desde la sociedad civil se hacen para que el Gobierno dominicano garantice niveles de inversión en educación que hagan posible emprender el camino de su mejora. Sin las jornadas a favor del incremento de esta inversión que se llevaron a cabo durante todo el año 2011, los senadores no hubiesen modificado dicha ley para adecuarla a las aspiraciones del pueblo.
Estos esfuerzos a favor de una mejor educación tienen que continuar. Invertir más es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar una educación de calidad para todos. Se necesita mucho más. El compromiso, firmado por los candidatos y más de 300 organizaciones sociales, establece con claridad que el objetivo es una educación de calidad con equidad para todos.
Las organizaciones sociales que firmaron dicho compromiso se comprometieron a establecer mecanismos de monitoreo de su cumplimiento así como de la gestión gubernamental, en materia educativa, del candidato que resulte electo. Estas organizaciones, a través de sus representantes, ratificaron este compromiso en una carta enviada recientemente a los candidatos, en la que presentan una propuesta de plan de seguimiento, estructurado el mismo en cuatro etapas.
Este plan incluye, además de las acciones realizadas para impulsar el cumplimiento de la ley 66-97 y la modificación de la Ley sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, un programa para someter a debate, en los meses de febrero, marzo y abril, las propuestas de los candidatos presidenciales para transformar el sistema educativo.
También prevé dicho plan una etapa de concertación con el candidato que resulte favorecido con el voto popular; durante esta etapa, prevista para llevarse a cabo los meses de junio, julio y agosto, se espera llegar a acuerdos que incluyan tanto el apoyo de estos sectores sociales al plan de acción del candidato ganador, mejorado con los aportes que hagan otros sectores, como la búsqueda de un amplio consenso sobre el mismo que haga posible que, a partir del 17 de agosto del 2012, se inicie un proceso sostenido de transformación de la educación del país, que cuente con la legitimidad social necesaria para lograr su avance.
Las organizaciones sociales también se han comprometido a establecer un mecanismo de monitoreo y seguimiento a las acciones del nuevo gobierno a fin de institucionalizar, en el sector educativo, un sistema de rendición de cuentas que genere los niveles de confianza necesarios para que una empresa tan compleja, como lo es la transformación de un sistema de educación que, a pesar de los esfuerzos de los últimos 20 años, se ha mantenido prácticamente inamovible o moviéndose a un ritmo tan lento que cada día se está quedando atrás, en relación a los avances que se observan a nivel mundial.
Este monitoreo, permanente y sistemático, se espera que contribuya a lograr los niveles de rendición de cuentas necesarios para lograr la debida transparencia de las acciones de quienes asuman la responsabilidad de dirigir el proceso de reforma educativa que el país necesita.
Todas estas son propuestas abiertas, a la espera de los debidos acuerdos.
