La educación es un bien público y los Estados deben garantizar su oferta y su calidad. En la República Dominicana nuestra constitución consigna en el Artículo 63: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”.
Ahora bien, cuando ese Estado todavía no provee ese servicio a todos los niños en la edad escolar y lo sirve sin garantizar las condiciones adecuadas de planta física, de cualificación profesional de sus docentes y en ausencia o deterioro de otros componentes de la calidad educativa, obviamente que proliferan las buenas, y las malas ofertas de educación privada.
Aun reconociendo la función social de la educación privada en el país, la Ley 86-00 es un intento de regularizar desde el Ministerio de Educación la tarifa de los centros, procurando la protección del presupuesto familiar y la entrega de un buen producto en un mercado de libre empresa. Loable la intencionalidad de esta Ley, pero inviable su aplicación justa cuando los instrumentos que validan los posibles costos por centro son defectuosos. Por un lado, la categorización de los centros no se completa con el rigor y objetividad debida; por otro lado, parece descontextualizado de la realidad socioeconómica dominicana proponer una revisión de las tarifas cada tres años, y autorizar un aumento a partir del alza comprobada de los costos, tomando solo en cuenta el factor de indexación. La citada ley, por tanto, no es un mecanismo expedito para controlar las discutidas tarifas.
Apremia revisar el marco jurídico vigente y, al mismo tiempo, como sociedad civil, plantearnos soluciones más creativas al problema.
Las asociaciones de padres, los legisladores y periodistas que cada año hablan y escriben sobre el tema, demandando contundentemente la inamovilidad de las tarifas, ¿conocen las limitaciones de la ley, las debilidades de implementación en que hace años incurre el Ministerio? También me surge una reflexión, ¿estamos discutiendo por la calidad del servicio educativo, por la irresponsabilidad estatal, o sencillamente, en estos resabios se esconde el dolor de pagar por el rubro educación, cuando tan gustosamente pagamos por un viaje a New York, una cartera de diseñador, o una fiesta de cumpleaños,? Revisemos nuestras prioridades. l
