Estamos sorprendidos por el anuncio del presidente de Estados Unidos Barack Obama, de buscar fondos para simplemente deportar a los más de 52 mil niños centroamericanos que han llegado a su territorio en busca de protección, toda vez que sus vidas están en peligro por la violencia, la inseguridad y dramáticamente por la miseria. La mayoría trata de encontrarse con sus padres que viajaron por igual de manera irregular a Norteamérica.
Nos sorprende la declaración de Obama: “Si llegan, los enviaremos de vuelta y, lo que es más importante, podrían no llegar”. Claro que no podrían llegar, al margen de la incertidumbre que amenaza la vida de inocentes que para retornar a sus hogares o reencontrarse con sus familiares de origen, sufrirían otra odisea.
Nos sorprende la declaración de Obama, el presidente del país campeón en la defensa de los derechos humanos, por cuya causa ha llegado a invadir países, y no se entiende que en un caso tan sensible, hable de esa manera.
Nos sorprende la declaración de Obama porque su pueblo, tan solidario, igual debe estar sorprendido con la petición presidencial al Congreso de que le aprueben una partida superior a 2.000 millones de dólares para atender el flujo de inmigrantes por la zona del Valle del Río Grande, en Texas, junto a la ampliación de sus facultades para deportar menores de edad que viajan solos y están detenidos en Estados Unidos.
Todos esos niños aplican perfectamente como refugiados que huyen de la inseguridad y la persecución de bandas criminales en Centroamérica y tienen derecho a reunirse con sus familiares.
En esa perspectiva, es muy loable la declaración de los jefes de Estado y de gobierno de Centroamérica y República Dominicana, en el sentido de que la migración de los niños, niñas y adolescentes debe ser abordada desde una perspectiva integral, humanitaria y que la deportación no debe ser la primera opción a considerar porque impide la reunificación familiar y pone en riesgo sus vidas.
Y nos sorprende el silencio del Centro Kennedy y de Kerry Kennedy, siempre tan preocupados por los derechos humanos en países como República Dominicana.
