En la década de los 90, la globalización era el centro de todos los debates, y con ella el de los mercados y las barreras arancelarias, de cómo los productores nacionales debían adaptarse a los nuevos tiempos, toda vez que la competencia sería global. Así, un país con limitaciones para producir leche o arroz, se la vería muy mal con otros con mejor capacidad instalada, mejor vocación de los suelos, y en general, mayores ventajas competitivas.
Parecía que los mercados y productores se clasificarían según sus capacidades, sin considerar factores estratégicos muy vinculados a prácticas culturales y productivas nacionales. De esa forma, el arroz, más caro localmente que en el mercado internacional, tendría que sobrevivir en los campos de cultivo dominicanos por su impacto en la economía rural. Un producto estratégico. Preservarlo como ente de cohesión social se considera clave para la economía nativa.
La política de protección del Estado ha propiciado una sobreoferta del cereal, lo que ha deprimido los precios. Se creó un subsidio mediante la pignoración, al mismo tiempo se permitió una siembra sin control. Pese a que era sustentado, se abrió el mercado en los términos del DR-Cafta.
También entra arroz por la frontera, sin regulación, en un mecanismo doblemente negativo. En los mercados fronterizos desde República Dominicana se envían importantes volúmenes de “arroz puntilla”, pero desde Haití viene un arroz de “primera” que llega a ese país a través de los programas de donaciones internacionales. Es un arroz “a granel” cuyo verdadero impacto en la economía se ignora.
Pero el arroz sigue siendo un producto estratégico y como tal de alto impacto político. Esa importancia se ha resaltado en la campaña electoral.
El Gobierno no tiene más alternativa que buscar soluciones. Quizás no tendrá que limitar las áreas de siembra, porque con la depresión de los precios no crecerán. Pero tiene que atender al sector arrocero en campaña. Tiene incluso que cumplir las promesas que recientemente hizo durante un acto con los productores de la Reforma Agraria, pagar al menos la deuda por pignoración, que a marzo era de RD$538 MM.
