Abogados desaprensivos, actuando como una red mafiosa, se aprovechan de los nuevos aires en el ámbito judicial para llevar demandas laborales a los tribunales amparados en subterfugios legales en perjuicio del sector empresarial y en detrimento de la credibilidad de la justicia dominicana. Numerosas empresas han sufrido ya el embate de esta ofensiva, viéndose obligadas a pagar millones de pesos en casos carentes de sustentación que en buen derecho y en una sana administración de justicia no habrían llegado siquiera a juicio.
Esta práctica nociva le crea una pésima imagen al país porque ya traspasa los límites de la esfera local, alcanzando a empresas extranjeras involucradas en el negocio turístico, tal vez, por su naturaleza, el siempre más expuesto a las consecuencias de este tipo de agresión.
Uno de los casos más sonados y deplorables, ocurrió hace casi dos años, en el polo turístico más importante de la nación. Se dio una mañana soleada, en un hotel cinco estrellas de Punta Cana propiedad de una firma de prestigio mundial, recién establecida en el negocio del turismo. Un grupo compuesto por oficiales de policía, abogados y alguaciles, acompañados de una turba, se apersonó al hotel con una orden de ejecución de embargo dictada por un juez de Higüey. La sentencia le era totalmente desconocida a la empresa y el caso nada tenía que ver con sus actuaciones laborales. Había sido obtenida por abogados que decían representar a cuatro obreros haitianos a los cuales, supuestamente, los constructores del establecimiento, no la empresa hotelera, le habían negado derechos laborales. La turba se incautó de todos los muebles del lobby en medio de un tumulto y en presencia de cientos de turistas que fueron trasladados a otro lugar, ante el temor de que fueran agredidos. Un espectáculo deprimente que se pudo ver en Youtube a nivel mundial para desgracia nacional.
