A partir del 1 de enero los empleados públicos pasarán al Seguro Nacional de Salud (Senasa), y se prohíbe el traspaso de los afiliados titulares a cualquier otra ARS que no sea la estatal. La disposición fue dada a conocer ayer por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), a través de la resolución 189-2012, con la que establece el proceso para canalizar los traspasos de los afiliados que laboran en el sector público y actualmente se encuentran registrados en administradoras de riesgos de salud privadas.
La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) objetó de inmediato la disposición de la Sisalril, alegando que se trata de una resolución ilegal, porque el Tribunal Contencioso y Administrativo falló a favor de las tres ARS privadas, que exigían el respecto que tienen los afiliados del Seguro Familiar de Salud (SFS) a la libre elección.
José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la entidad, dijo que uno de los principios de la Ley 87-01, que regula el Sistema Dominicano de Seguridad Social, lo constituyen la libre elección, por lo que ni el Estado puede obligar a una persona a que se afilie a la ARS estatal.
“La cosa se ha complicado porque ahora hay dos sentencias del Tribunal. Una da la razón a la Sisalril, obligando a los empleados públicos a afiliarse al Senasa, y la otra da la razón a las ARS, sobre el respeto de la libre elección”, agregó el ejecutivo, quien adelantó que se reunirán con sus asociados para consensuar las medidas a tomar y no descarta la impugnación.
Añadió que el Tribunal tendrá que emitir otra sentencia o el caso podría ser llevado a otras instancias. En noviembre del 2008, el tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Nacional falló en contra de la resolución 159-08, de la Sisalril, prohibiendo cualquier disposición que atente contra la libre competencia en el sistema. Dicha resolución asigna a los empleados públicos al Seguro Nacional de Salud en calidad de afiliados. Desde ahí se inició una batalla legal, que concluyó favoreciendo a la entidad estatal.
Recientemente, Altagracia Guzmán Marcelino, directora del Senasa, denunció que parte de los problemas financieros que afecta a esa ARS se debe a que muchos de los empleados públicos están afiliados a prestadoras de salud privadas, por lo que reclamaba la aprobación de la resolución del traspaso de esos empleados y sus dependientes. La medida exceptúa a los empleados que están afiliados en ARS autogestionadas de tipo gremial, y queda prohíbida la afiliación a prestadoras privadas.
2.4 millones
Es la población afiliada al Senasa, de los cuales unos 440 mil pertenecen al régimen contributivo o privado.
