Empresarios y el Código Laboral

No hay dudas de que el Código de Trabajo dominicano es uno de los que más y mejor protege a la clase trabajadora.

No hay dudas de que el Código de Trabajo dominicano es uno de los que más y mejor protege a la clase trabajadora. Sin embargo, tampoco se puede negar que es necesario introducirle algunas modificaciones, que si bien no tienen el objetivo específico de perjudicar a la clase laboral, sí implicarían una reducción de casos y de riesgos para el sector patronal. De ahí la insistencia de los empleadores en la necesidad de modificar esa importante legislación de protección de los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, el sector empresarial no ha actuado estratégicamente bien a la hora de plantear sus intenciones. El Código de Trabajo es una legislación delicada, de contenido altamente social y además es el instrumento legal más y mejor cuidado por la clase trabajadora.

Un aspecto que inquieta a los empleadores, es el de las demandas laborales y la no existencia de un mecanismo efectivo de conciliación, sin la intervención directa de los tribunales. Muchos abogados se empoderan de casos de empleados cancelados y luego ponen demandas millonarias a empresas con base en exigencias que pudieron resolverse con dos o tres decenas de miles de pesos y tal vez menos.

En ese sentido, los empresarios se quejan de que más del 95% de los casos laborales que llegan a los tribunales son fallados a favor de los trabajadores. Sin embargo, los empleadores deben entender que ese porcentaje es lógico, pues esos son los fallos que se producen cuando el trabajador recurre a los tribunales, acción que sólo se da cuando se siente engañado o perjudicado.

Los casos que van a los tribunales seguro que son menos del 5% de las cancelaciones o despidos de empleados que hacen los patronos, por lo que más del 95% de las cancelaciones de contratos laborales no va a los tribunales, porque se hicieron respetando sus derechos. Los casos que van a la Justicia son los de “injusticia”; la mayoría de fallos son a favor de los trabajadores, porque el trabajador sólo va a los tribunales cuando ha sido perjudicado. Si le dan lo que le corresponde cuando lo cancelan, se va para su casa tranquilo y no recurre a los tribunales. Esos son la mayoría.

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