Los legados económicos negativos del pasado reciente son muy pesados. No me refiero a los de 2012 en particular, sino a aquellos que vienen de más atrás.
Estos marcarán en buena medida 2013. Las políticas públicas tendrán poco espacio para lograr resultados inmediatos, pero podrían iniciar cambios que contribuyan a superar algunos de los lastres más pesados que han dejado las acciones u omisiones de políticas.
Un crecimiento económico cada vez más bajo es el más destacado. Sus consecuencias serán mayor desempleo y menores oportunidades de negocios. El gobierno prevé un crecimiento de 3% para 2013. Esto implica que el desempleo subirá porque se necesita crecer a una tasa mayor a 4.5% para que la economía pueda crear suficientes empleos como para que el desempleo no suba.
El menor crecimiento se asocia a un aparato productivo que no tiene capacidad para competir, en parte por la virtual ausencia de políticas de aprendizaje, escalamiento tecnológico e innovación, y por una anémica inversión en capacidades humanas. En estas áreas, la política pública en los últimos años ha hecho muy poco o nada; se conformó con alcanzar y mantener la estabilidad macroeconómica en base a deuda y política monetaria y cambiaria, con impulsar megaproyectos urbanos y con sofisticar la asistencia social.
Desafortunadamente, poco se puede hacer para evitar las consecuencias inmediatas de la desidia de años en materia de empleo y desarrollo productivo. El incremento en la inversión en educación pre-universitaria hará una diferencia, pero sólo en el largo plazo. Por su parte, las políticas para articular un sistema que impulse el aprendizaje tecnológico, que también son de mediano y largo plazo, no parecen de importancia en la actual gestión. Esto deberá revisarse. El acceso ampliado a financiamiento de las pequeñas y medianas empresas también es positivo pero deberá pensarse en un esquema más amplio de cambio tecnológico y transformación productiva.
El segundo legado negativo que gravitará sobre 2013 es un Estado con una capacidad financiera constreñida por el elevado peso de la deuda pública en el presupuesto. Esto reduce el poder del gasto público para impulsar la demanda y la producción, además de limitar la provisión de servicios públicos. Aunque el paquete tributario reciente contribuirá a paliarlas a costa de un duro golpe para empresas y hogares, desde 2013 hasta al menos 2016 el gasto primario será restringido. El gasto primario es el gasto total del gobierno antes de pagar deuda, y es el que tiene impacto concreto en la actividad económica. Es en este cuatrienio que pagaremos los platos rotos de una política de deuda que, en general, no miraba el largo plazo sino el cuadre presupuestario de corto plazo.
Sin embargo, en este aspecto hay todavía espacio para lograr que el restringido gasto público tenga un impacto mayor en el crecimiento, y que ese crecimiento sea de más calidad y que genere más empleos. La clave está en una mejora significativa de su calidad, redirigiéndolo a la compra de bienes y servicios que se produzcan localmente con uso intensivo de mano de obra, y con tasas de rentabilidad positivas pero menores a las que están acostumbrados muchos contratistas y proveedores del Estado. Cada peso gastado de esa manera tendría un impacto económico mayor que podría contribuir a hacer de 2013 un año menos difícil de lo que se prevé. El gobierno ha dado algunas señales de querer hacer esto. La presión, la vigilancia y el acompañamiento ciudadano son vitales en lograr que eso se concrete.
Un tercer legado negativo que nos deja los últimos años de política económica ha sido un notable debilitamiento institucional. Alta discrecionalidad en el gasto público, violaciones de leyes y normas presupuestarias, contratos públicos lesivos y que no son siquiera revisados, contrataciones que violan las leyes de compras, pago de favores políticos con los recursos públicos, y leyes presupuestarias que modifican otras sin poder hacerlo para justificar violación a la ley son algunas de las prácticas que más han dañado el ambiente institucional dominicano.
Es harto sabido que esto aleja inversiones sanas, hace que nos presten más caro y termina negando los derechos de las personas y lastimando a la sociedad. Enfrentar este legado implica romper con la complicidad y la impunidad. En esto el gobierno tiene una prueba de fuego, pero hasta ahora no le está yendo del todo bien.
