Santiago.-El temor a que sea puesta en libertad Amalfi Altagracia Tavárez, la mujer que operaba una red de proxenetas en el sector Cienfuegos, que explotaba sexualmente a cien niñas con edades entre diez y16 años, despertó la alarma de organizaciones de la sociedad civil en Santiago.
Previo a conocer la audiencia preliminar contra Tavárez, representantes de quince instituciones, entre estas, del Núcleo de Apoyo a la Mujer, de la Coordinadora de Mujeres del Cibao, Profamilia, Acción Callejera del programa Niños con una Esperanza denunciaron la compra de concina de parte de las menores abusadas.
La audiencia fue aplazada para el 18 de julio.
Las últimas ocho víctimas que tenían para el caso Amalfi Altagracia Tavárez, ya firmó el desestimiento, esto significa que no tiene caso.
Aseguran que algunas de las víctimas que ya cumplieron los18 años recibieron diez mil pesos para firmar un documento en el que niegan ahora que fueran llevadas centro de prostitución.
El pastor Pablo Ureña, Manuel Vargas y Raquel Rivera en representación de las organizaciones de la sociedad civil condenaron la tardanza del sistema judicial dominicano en hacer justicia en el caso de Amarfis.
Por el hecho de explotación sexual es acusado además Carlos Julio Alcántara Gómez (Cacalo), mientras que otro solo conocido como El Bobo y que presuntamente gurda relación con la red de proxenetas fue recientemente sentenciado a diez años de prisión.
“En el transcurso del proceso son muchos los obstáculos que se han presentado para mantener la acusación”, sostienen.
Lamentan que el sistema nacional de atención a víctimas de violencia contra las mujeres y niñas no cuenta con mecanismos que garanticen la integridad de las víctimas durante el proceso legal y posterior a este.
Critican que las víctimas continúen en estado de vulnerabilidad, expuestas a la comisión de nuevos crímenes y delitos contra ellas, especialmente de género.
Casa Abierta, la Organización para el Desarrollo de la Mujer Dominicana y la Fundación Vanessa, Mujer e Iglesia, el Centro de Formación y acción Social (CEFASA) el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, el Programa Niños con una Esperanza y la Fundación Medio Ambiente y Desarrollo.
“La falta de recursos y medidas de atención efectivas lleva a que los casos que puedan ser presentados ante las autoridades judiciales terminen en la impunidad, circunstancia de omisión estatal que promueve la violación a derechos humanos de las mujeres ante la pasividad estatal para prevenirlas y sancionarlas debidamente”, señalan en un documento.
Recordaron que a pesar de que el país se encuentra dentro de los primeros cinco en el mundo expulsores de víctimas de trata para fines de explotación sexual comercial, todavía no se sientan las bases para el manejo del fenómeno a nivel interno, lo que constituiría un paso importante de prevención.
Hacen un llamado al Ministerio de la Mujer y a la Procuraduría General de la República para que se tomen las medidas con el fin de emitir los recursos necesarios para crear programas efectivos y eficaces de atención y prevención a las víctimas de este tipo de crimen.
