El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Reinaldo Ferreira Jimeno, impuso anoche como medida de coerción prisión preventiva a dos hombres y garantía económica a una ex fiscal acusados de formar parte de una red que se dedicaba a falsificar actas del Estado Civil.
Jovanni Montaño y Luis Galván deberán cumplir tres meses de prisión en la cárcel de Najayo. En tanto que la ex fiscal de Azua, Jenny Guzmán, deberá pagar un millón de pesos de fianza, además, tendrá impedimento de salida y deberá presentarse periódicamente al Ministerio Público.
Los implicados están acusados de suplantar actas civiles y emitir cédulas falsas. La red fue desmantelada por la Fiscalía del Distrito Nacional la semana pasada y por el hecho ya se le conoció coerción a un grupo de cinco ex empleados de la Junta Central Electoral (JCE).
El fiscal del Distrito, Alejandro Moscoso Segarra, dijo que no hubo presión por parte de ningún sector para dejar en libertad a la ex fiscal de Azua.
“No es verdad que nos estén presionando, no se atreverían a presionarnos y si se atrevieran a presionar seguramente encontrarían una respuesta no muy buena, no tomamos presión de nadie, esta es una institución independiente y actúa de acuerdo a investigaciones”, agregó Moscoso Segarra.
