Esperanza, Valverde-. El Juzgado de Paz de este municipio impuso dos meses de prisión preventiva contra la joven dominico-haitiana Marlin Loleala, conductora de la jeepeta que la noche del el pasado jueves 2 del corriente mes chocó con un carro de transporte público, provocando la muerte a 4 personas.
La medida de coerción le fue impuesta a la imputada por la magistrada Alicia Mabel Guzmán Benscome, Jueza del Juzgado de Paz de esta población, acogiendo una solicitud del Ministerio Público representado por las fiscales adjuntas Ana Delina Rosario y Angela Reyes, quienes pudieron demostrar la gravedad del hecho.
En el vehículo de la acusada quien estaba bajo los efectos del alcohol se ocupó droga a uno de sus acompañantes.
La fiscal titular de Valverde Sonia del Carmen Espejo dijo que las magistrado presentaron los elementos de pruebas que demostraron la gravedad del hecho, y que Marlin Loleala manejaba de manera temeraria, sin licencia de conducir, bajo los efectos del alcohol, y que representa un peligro de fuga, ya que no tiene el arraigo necesario para obtener otro tipo de medida.
A la imputada se le acusa de violación al Artículo 49 numeral 1, así como los Artículos 2 Letras B y C, 61, 65, 93 y 94, dela Ley241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor.
Loleala conducía la jeepeta marca Honda CR-V, color negro, placa G024500, que embistió al carro marca Toyota Corolla, color rojo vino, placa A224523, del transporte público de pasajeros que cubría la ruta Mao-Esperanza-Guayacanes.
En este trágico accidente ocurrido la salida desde Esperanza hacia Mao, frente a Estación Isla, perdieron la vida Holvan Felipe Valdez Díaz (Neno), chofer del carro; así como Rafael Antonio Torres, Lucía López Minaya y María Braudelinda Molina Rosado; y resultaron con lesiones graves, Rosa Iris Santana e Indiana Altagracia Fortuna Gil.
La Fiscal TitularSonia del Carmen Espejo expresó que esta medida de coerción no es más que una muestra del trabajo constante que realiza el Ministerio Público y de la respuesta rápida, oportuna y eficaz a los reclamos de la sociedad de que sean sancionados los hechos punibles.