MADRID (AP) — La justicia española dictó el martes órdenes de detención internacional contra seis ex militares chilenos y un estadounidense vinculados al régimen de Augusto Pinochet por su presunta participación en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976.
Los siete procesados están acusados de delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, según recoge un auto del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, que reabre una de las páginas más negras de la dictadura en Chile (1973-1990) y que se incluyó en el viejo sumario con el que Baltasar Garzón trató de procesar a Pinochet en 1998.
Entre los imputados figuran Manuel Contreras, ex jefe de la temida policía secreta Dina y actualmente en prisión, Jaime Lepe Orellana, un ex coronel que fue asistente de Pinochet, y Michael Townley, un estadounidense vinculado a los servicios de inteligencia chilenos que pasó cinco años en prisión por su complicidad en el asesinato del ex embajador chileno Orlando Letelier y su asistente en Washington en 1976.
El juez Ruz los relaciona con la tortura y asesinato en 1976 de Soria, quien trabajaba en Chile como funcionario de Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
Según el auto de Ruz, el régimen relacionaba a Soria con el Partido Comunista. Tras varios días de seguimientos, agentes de la Dina que vestían uniforme de carabineros detuvieron a Soria en su vehículo bajo pretexto de una infracción de tráfico.
El diplomático español fue trasladado a una vivienda secreta. Fue maniatado y torturado durante varias horas en un interrogatorio dirigido por Lepe Orellana, en el que Soria sólo alcanzó a murmurar las palabras «pobre Chile», dijo el magistrado.
Horas después, fue «estrangulado manualmente».
Para camuflar su muerte y hacerla pasar por un accidente de tráfico, siempre según el relato de Ruz, los agentes inyectaron a Soria media botella de pisco –aguardiente de uva– y arrojaron el cadáver y su vehículo a un canal.
Por su participación directa o intelectual en los hechos el magistrado procesó a Contreras, Lepe Orellana, Townley, Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Belmar Labbe, Patricio Quilhot Palma y José Remigio Ríos Sanmartín.
Además de dictar órdenes de detención, pidió su extradición a Chile y Estados Unidos.
