A partir de ayer quedó públicamente en vigencia un reglamento para empezar a utilizar grilletes electrónicos como medida de coerción.Francisco Domínguez Brito, procurador General de la República, aseguró que el Ministerio Público implementará las medidas que sean necesarias hasta lograr la eficiencia, transparencia y la eficacia del servicio, que se utilizará principalmente en los casos de violencia de género.
Indicó que la utilización del localizador electrónico se hará a través de compañías privadas tal como se ejecutan las fianzas y por ello se pagará una prima.
Según el reglamento, para ofertar el servicio la compañía deberán dirigir una instancia al Consejo Superior del Ministerio Público la cual contenga: certificado de estatus de la compañía, así como el comprobante que acredita que está al día con el pago de sus impuestos.
Además, el recibo de pago del Banco de Reservas de certificación de no antecedentes penales de cada uno de los accionistas, acreditación de capacidad técnica a instalar, una relación de los precios a aplicar por la colocación de un localizador electrónico por mes y fracción de mes.
También, la empresa deberá tener un capital autorizado mínimo de 15 millones de pesos (de este total se destinará el 20 % para constituir un fondo de garantía para responder ante el incumplimiento de sus obligaciones), contar con al menos 500 localizadores y tener personal de búsqueda.
Para establecer los costos, las prestadoras de servicios someterán al Ministerio Público las tarifas de servicios de colocación de los localizadores, soportadas en un estudio de costos.
