Estado y fondos de pensiones

Una de las áreas económicas que más crecimiento ha registrado en los últimos años, al menos en volumen, es la de…

Una de las áreas económicas que más crecimiento ha registrado en los últimos años, al menos en volumen, es la de los fondos de pensiones. Tras la aprobación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social y el inicio del plan de retiro de capitalización individual, el patrimonio de los fondos de pensiones a marzo de este año, según la Sipen, es de RD$164,161.8 millones. Un monto acumulado por 1 millón 263, 326 trabajadores cotizantes.

Esos fondos son invertidos por las AFP en áreas que deben generar rentabilidad y acumular un rendimiento suficiente para cubrir la pensión de cada trabajador al término de 30 años de cotización.

Pero, ¿en cuáles áreas se invierten esos recursos? Ha habido intentos, incluso legales para diversificar la inversión de ese dinero, pero hasta hora, la mayor parte se concentra en depósitos en instrumentos del sector financiero (bonos, papeles comerciales y certificados de inversión).

Pero lo que me llama la atención es el hecho de que, si bien en el país siempre se critica al sector público como administrador, y se expresan temores de que esos fondos caigan en manos de la administración gubernamental, la realidad es que dos terceras partes de los fondos de pensiones están depositados en instrumentos de entidades del Estado.

Las cifras de la Superintendencia de Pensiones indican que el 49% de los fondos están depositados en instrumentos del Banco Central, en tanto que 2.9% son depósitos de instrumentos del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), 10% fueron invertidos en bonos del Ministerio de Hacienda y de los que están depositados en las entidades financieras, 4.9% son depósitos en certificados del Banco de Reservas.

Cuando hacemos una suma de los recursos y su distribución en la cartera de inversión, se tiene que el 66.8% del patrimonio de los fondos de pensiones reposan en instrumentos financieros de cuatro instituciones del Estado, es decir, públicas, del Gobierno. Si bien son entidades e instrumentos financieros debidamente controlados, también es preciso reconocer que el Estado dominicano, como administrador, también es confiable, ¿o no?

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