Las estadísticas que ofrecen la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía, y la Policía Nacional sobre los indicadores utilizados globalmente para evaluar la situación de la criminalidad y la delincuencia, revelan que la magnitud del problema en nuestro país se ha ido reduciendo en los últimos años.
Tomemos el índice de homicidios por cada 100,000 habitantes. En el 2011, la tasa de homicidios alcanzó 25.1. En el 2014, la tasa se redujo a 17.4, proyectándose que terminaría en 16.5 en el 2015, teniendo en cuenta que en el primer semestre de este año quedó por debajo de la registrada en enero-junio del 2014.
Cuando se compara con la situación del resto de los países de la región, la tasa de homicidios de República Dominicana en el 2014 quedó por debajo de las registradas en Honduras, El Salvador, Venezuela, Jamaica, Belice, Guatemala, Puerto Rico, Panamá, Haití, Brasil, Trinidad & Tobago, Colombia y México.
Algo parecido revelan las estadísticas de robos y asaltos reportados a la Policía Nacional. En el 2013, la tasa de robos reportados alcanzó 204.3 por cada 100,000 habitantes. En el 2014 descendió a 163.7. Si se mantiene la tendencia del primer semestre del 2015, la tasa de robos reportados terminaría en 126.0 en el 2015.
Cuando se compara con la situación del resto de los países de la región, la tasa de robos de República Dominicana en el 2013 (204.3) quedó por debajo de las registradas en Argentina, México, Costa Rica, Brasil, Nicaragua, Chile, Uruguay, Ecuador, Trinidad & Tobago, Panamá, Honduras, Paraguay y Venezuela.
Cualquier especialista internacional que observe estas informaciones concluiría que los dominicanos han logrado poner en marcha una estrategia efectiva para reducir el problema de la criminalidad y la delincuencia.
Mientras las cifras oficiales presentan un panorama alentador, las encuestas de opinión pública proyectan una percepción altamente preocupante de los dominicanos sobre el problema de la criminalidad y la delincuencia. Una encuesta realizada en el 2012 por el Proyecto de Opinión Pública en América Latina (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt con apoyo de la USAID, mostró que los dominicanos eran los latinoamericanos que en un mayor porcentaje (59.1%) habían limitado sus lugares de recreación por la inseguridad.
Esto no parece haber cambiado en el 2014 si se tiene en cuenta que en la encuesta LAPOP-PNUD 2015, la República Dominicana aparece en el tercer lugar en el ranking de percepción de inseguridad con un 55.9%, por debajo únicamente de Venezuela y Perú; y en segundo lugar en cuanto al porcentaje de la población que ha evitado transitar por determinadas áreas de su barrio por temor al crimen, con un 58.7%, por debajo únicamente de Venezuela (70.6%).
Según LAPOP-PNUD 2015, el 33.9% de los dominicanos reportó saber algo de asesinatos ocurridos en su vecindario, superior al 28.6% de Honduras, país con una tasa de homicidios de 66.5 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces mayor que la de República Dominicana (17.4). Lo mismo encontramos con los robos. El 71.5% de los dominicanos afirma haber sido víctima o escuchado de robos en su vecindario, un nivel similar al de Argentina (71.8%), país con una tasa de robos (975) seis veces mayor que la de República Dominicana (164 en el 2014).
El especialista internacional, al ver este contraste entre las estadísticas oficiales y la percepción que transmiten los dominicanos en las encuestas pensaría que nos estamos volviendo paranoicos frente a un problema que según las cifras oficiales se ha ido reduciendo. Las informaciones sobre homicidios dadas a conocer por la Procuraduría son difíciles de rebatir y estas muestran una clara tendencia a la baja. Las de robos reportados pueden estar siendo sesgadas a la baja porque los dominicanos, en su mayoría, no tienen confianza en la institución a la cual deben reportar el robo: la Policía Nacional. En efecto, según la LAPOP-PNUD 2015, la confianza en la Policía ha venido descendiendo desde 46.6 en el 2008 a 35.6 en el 2014, para caer al nivel más bajo de la región, compartiendo el máximo desprestigio con las de Venezuela (35.5) y Guyana (35.4). No son pocos los casos en que miembros de la Policía aparecen involucrados en casos de asaltos, robos, chantajes y homicidios en nuestro país.
Algunos entienden que el problema se resuelve aumentando el salario a los policías. Una nueva estructura salarial es necesaria para conformar una nueva Policía Nacional, no para ser implantada en una institución que la mayoría percibe como eminentemente podrida.
Necesitamos instituciones más fuertes y confiables para la prevención y combate del crimen y la delincuencia. Y un sistema de castigos creíble y efectivo, que tenga en cuenta nuestras restricciones económicas, y que siguiendo el cálculo económico de Becker, desincentive el crimen en todas sus vertientes. Aunque para muchos resulta exagerado por los cañazos para penalizar actos vandálicos, el sistema de castigos basado en multas monetarias significativas prevaleciente en Singapur, el país con la más baja tasa de homicidios del mundo (0.2), sería un referente a evaluar y ponderar.
