San Juan. El Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció ayer que la Policía de Puerto Rico sufre un elevado grado de corrupción, efectúa registros e incautaciones ilegales, discrimina a extranjeros y abusa de la fuerza.
La división de derechos civiles del Departamento dijo en un informe de 125 páginas, presentado personalmente en San Juan por el fiscal adjunto Thomas E. Pérez, que “la policía de Puerto Rico ha causado lesiones a cientos de personas y matado a muchas como parte de un patrón arraigado de prácticas ilegales”.
«No será fácil. Las cosas no cambian de un día para otro», dijo Pérez, de ascendencia dominicana, en un dubitativo español durante una conferencia de prensa donde advirtió que la Constitución estadounidense debe ser respetada en Puerto Rico.
Acompañado por el gobernador Luis Fortuño, el fiscal resaltó que su Departamento se ha propuesto que la Policía puertorriqueña modifique sus procedimientos, ya que lleva años violando la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense, «al recurrir al uso de fuerza excesiva y al registro e incautaciones ilegales».
«El Departamento tiene problemas amplios y con raíces profundas. Los problemas han existido por muchos años antes de la presente Administración», aclaró Pérez, poco antes de denunciar que «la Policía usa prácticas discriminatorias contra personas de origen dominicano».
Así, apuntó que la Policía no se asegura de que todos los individuos reciben igual trato con independencia de su sexo, origen, religión u orientación sexual. Fortuño recordó, por su parte, que los problemas ayer denunciados se remontan a hace décadas y destacó su total compromiso con las autoridades federales para acabar con los problemas de violencia y corrupción en el seno de la Policía.
Cuerpo está en profundo deterioro
La Policía «está en profundo deterioro», según el informe, ya que entre enero de 2005 y noviembre de 2010 hubo más de 1,700 arrestos de agentes acusados de delitos que van desde violación hasta asesinato, pasando por narcotráfico. Apunta que las políticas y procedimientos de la Policía sobre uso de fuerza, registros e incautaciones están obsoletas.
