El Congreso Nacional ha sido apoderado de un proyecto de ley que persigue regular los salarios de todo el sector público, mediante la creación de un sistema de remuneraciones. La pieza, originada en la actual administración, parte del supuesto de que es necesario “racionalizar” los salarios de los empleados públicos, para eliminar algunas de las distorsiones existentes.
La versión inicial del proyecto circunscribe el ámbito de aplicación de la ley al Gobierno central, las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, las instituciones públicas de la seguridad social, las empresas públicas no financieras y los ayuntamientos de los municipios, distritos municipales y del Distrito Nacional.
Sin embargo, algunas voces se han levantado para demandar que el sistema a implementarse se aplique sin excepciones en todas las instituciones estatales, independientemente de su actividad.
La pieza original parte del reconocimiento de que, en un Estado moderno, hay actividades que para ser reguladas con eficacia se requiere de personal técnico calificado y con experiencia, que las instituciones públicas les ha costado mucho esfuerzo, tiempo y dinero capacitar, o solo se encuentran en el sector privado.
Por ejemplo, lo que los estándares internacionales de regulación económica establecen es que, para evitar que se produzca la “captura del ente regulador”, las remuneraciones del personal técnico y directivo público que supervisa y regula algunos de los mercados principales se establezcan tomando en consideración los salarios que se pagan en esas actividades.
Lo mismo puede decirse de las agencias del Estado encargadas de la recaudación de impuestos, aranceles y tasas, así como de las instituciones financieras de capital público. Sus empleados, a todos los niveles, deben recibir un salario digno, que les permita tener un adecuado nivel de vida. En nuestro país, cualquier vicepresidente de un banco comercial o de otra naturaleza, devenga salarios y beneficios que superan varias veces los que perciben las principales cabezas de los entes regulador y supervisor del sector.
Si República Dominicana ha logrado avances importantes en el desempeño de muchas instituciones públicas, algunas certificadas por su calidad, es porque sus funcionarios y empleados gozan de un régimen salarial que les permite dedicar todo su tiempo y energía al éxito de sus tareas. Lo peor que ahora nos puede pasar, es que comencemos a conspirar contra la eficiencia de algunos entes públicos, prestando oídos al populismo salarial que, fundado en un falso igualitarismo, amenaza con pauperizar a todo el Estado y los que por vocación u oportunidad han abrazado la función y el servicio público.
