Para que las discusiones se desarrollen de forma objetiva, el debate sobre la aplicación del Código Procesal Penal no debe politizarse, ni tampoco puede vincularse a los resultados de la política criminal que ejecutan las autoridades.
Estas conclusiones fueron expuestas ayer por varios panelistas participantes en la mesa redonda organizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), donde se analizó el tema “Tras siete años de aplicación, ¿ha fracasado el Código Procesal Penal?”. El jurista Eric Raful, especialista en Derecho Público, entiende que es altamente preocupante que se ligue la situación de inseguridad ciudadana con un código que tiene por objetivo organizar procesos judiciales, luego de acontecidos los eventos criminales.
“Y es lamentable que producto de un momento de percepción de inseguridad real, que no la vamos a negar, se pretenda, con lo que se ha denominado la maximización de lo penal, dar una respuesta normativa a un problema multifactorial”, cuestionó Raful.
Mientras, el experto en Derecho Constitucional, Cristóbal Rodríguez, destacó que el mayor enemigo de la reforma procesal penal en el país es la cultura política conservadora y autoritaria.
“Una cultura política que impide ver que el incremento de la criminalidad y la delincuencia está directamente asociado a los episodios cíclicos de crisis del sistema económico”, subrayó.
Sostuvo que los sectores verdaderamente preocupados por la suerte del Código Procesal Penal deberían asumir una actitud responsable en esta discusión, que entiende debe empezar por promover la idea de sacar el debate de la reforma legislativa del contexto electoral.
“Nosotros no podemos darnos el lujo como sociedad de que la reforma procesal penal y la reforma penal sustantiva se produzca al calor de la contienda electoral”, aconsejó Rodríguez.
Observó que de no evitar que el debate de la reforma procesal penal sea asociado al presente proceso comicial, esto podría dar pie al entronizamiento del populismo penal y que fruto de ello se produzca un endurecimiento desmedido e irracional de las penas.
El ex general de la Policía Juan Manuel Fructuoso Heredia, se sumó a las voces que entienden que sería injusto achacarle al Código Procesal Penal las consecuencias directas de la deuda social que el Estado dominicano ha venido acumulando por décadas, y que fundamentalmente se expresan en la inseguridad ciudadana que afecta a la sociedad dominicana.
“Sería ilógico pedirle al Código Procesal Penal que resuelva estas carencias. No hay posibilidades”, dijo Heredia.
