La minera Falconbridge Dominicana (Falcondo) aseguró que declarar parque nacional a Loma Miranda sería un error con precedentes funestos para el país.De acuerdo con Falcondo, el proyecto para declarar la zona de la Loma Miranda como área protegida violaría la Ley Minera, la Constitución de la República y provocaría una serie de errores con precedentes funestos para el país.
Asimismo, la minera defendió su derecho a explotar su concesión en Loma Miranda, en La Vega, alegando ser su propietaria desde el año 2008, cuando la adquirió de los herederos del señor Freddy Acosta, quien a su vez la habría adquirido del médico puertorriqueño José G. Sobá, a quien el dictador Rafael Leónidas Trujillo se la regaló.
El presidente de la empresa, David Soares, dijo durante un encuentro de los principales ejecutivos de la minera con periodistas y comentaristas, celebrado en un restaurant de esta capital, que declarar Loma Miranda parque nacional sería desconocer el derecho de propiedad de la minera sobre la loma, así como el derecho de propiedad consagrado en la Constitución de la República. “Loma Miranda no tiene méritos para ser declarada parque nacional”, expresó.
Soares afirmó que el aporte de Falcondo ha sido importante durante sus cuatro décadas de operaciones locales.
Habló de la situación de los precios actuales, las perspectivas para el mediano plazo y de las posibilidades de la empresa para sortear las dificultades de costos.
Informó que el año pasado, con precios internacionales del níquel deprimidos, la empresa perdió US$70 millones, obligando el cierre de sus operaciones. La caída de los precios fue originada por la demanda china y su intervención en el mercado mundial como productor, que ocasionaron una saturación.
Ahora los precios rondan los 7.25 centavos de dólar la libra y puedan llegar hasta los 10.
Aprobación del proyecto violaría la Constitución
Durante el encuentro el abogado Rafael Cáceres, miembro del Consejo de Falcondo, explicó que si se aprueba el proyecto que busca convertir Loma Miranda en Parque Nacional, se violaría el precepto constitucional que establece que cuando se aprueba una ley que le crea obligaciones económicas al Estado, se debe identificar la fuente de donde provendrán los recursos.
