Falta de celeridad en el amparo preocupa al TC

Al Tribunal Constitucional le preocupa la posibilidad de que el conocimiento del amparo no se esté cumpliendo con la celeridad debida.

Al Tribunal Constitucional le preocupa la posibilidad de que el conocimiento del amparo no se esté cumpliendo con la celeridad debida. “Hasta ahora no ha habido un caso en el que se haya planteado eso específicamente, pero la posibilidad de que haya retrasos sí preocupa al tribunal”, dijo el secretario general del órgano, Julio José Rojas Báez, al hablar en nombre del  presidente de la alta corte, Milton Ray Guevara.

Indicó que la ley de amparo establece la obligatoriedad del juez de dictar la sentencia al finalizar la audiencia, y luego un plazo para sustentarla. “En la medida en que a eso se le da cumplimiento el Tribunal estaría más satisfecho”, dijo.

Puntualizó que “el estado de derecho se sustenta sobre la base de que las instituciones ejerzan sus funciones establecidas en las leyes”. 

Retrasos en envíos

En al menos dos sentencias del Tribunal Constitucional, elCaribe identificó que los tribunales de primer grado tardaron cuatro y seis meses en enviar a la alta corte los recursos de revisión interpuesto contra las sentencia de primer grado en materia de amparo.

Al ser cuestionado sobre estos casos, Rojas dijo que, aunque no llevan estadísticas sobre si hay tardanza o no en el envío de los recursos de amparo, la ley es clara en cuanto a los plazos para remitir los expedientes. Aclaró que no existen sanciones para los tribunales que la incumplen. En un caso reciente donde el TC falló una decisión en la que se suspendía la ejecución de sentencia en favor de Geanilda Vásquez, suspendida secretaria de Organización del Partido Revolucionario Dominicano, el Constitucional indicó en la decisión que no existía escrito de defensa, y es que, el referido documento llegó al Constitucional el día después de haberse hecho público el fallo.

La acción de amparo es una figura establecida en la Constitución que le permite a la persona reclamar ante los tribunales cuando le han violado derechos fundamentales como la propiedad, la información y la asociación.

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