El juego democrático sigue activo entre la oposición coaligada y el oficialismo gobernante. El centro de atención es la elección de los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral (JCE).Todo se debe a que la oposición cree que los resultados adversos en las pasadas elecciones tienen necesariamente que ver con el control operativo de ese instrumento fundamental para la renovación de los poderes.
Desde su lógica, la garantía de que los resultados serían fidedignos sólo sería posible en la medida en que los árbitros le resulten confiables. Todos los reclamos y presiones obedecen a ese propósito.
Pero la capacidad y la facultad para decidir sobre la materia no dependen de la oposición. Por eso la vía del diálogo, abierta con la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado, tiene sentido. Podría ayudar a ese propósito. El retiro del diálogo dejó en manos del oficialismo la iniciativa orientada a buscar una solución que refleje algún nivel de equilibrio.
Cuando el presidente de la República hizo saber a través de su ministro que propiciaba la escogencia de una junta mediante el consenso, la oposición se animó a presentar algunos nombres, pero sin disminuir el grado de presión.
Desde una aparente “asepsia política” (nada que sugiera que hemos sido parte de la selección), se ha llegado al extremo de generar cuestionamientos a la mediación, lo que obviamente dificulta el entendimiento. La interlocución es colocada en una incómoda posición de credibilidad, y eso puede conducir a un empantanamiento.
Ayer hubo en la oposición algún atisbo de reconocimiento de que sí ha habido proactividad con determinadas sugerencias. Es la expresión concreta de búsqueda de garantes de sus intereses. Eso es legítimo. Pero en ese afán no se puede pretender todo cuando no se está siquiera en capacidad mínima para conseguirlo. El discurso inteligente tiene que afirmarse en lo posible.
Ya ha habido ganancia. El oficialismo acoge el consenso. Falta sentido común o una dosis mínima de realismo político.
