Ante la falta de jueces y tribunales en los distintos departamentos judiciales del país, algunos abogados desempeñan la función de jueces y la acción pública no se mueve hasta que haya un número determinado de casos.
Cuando alguien acude para poner en movimiento la acción pública, a través de una denuncia, una querella en los Juzgado de Paz, el secretario recibe las solicitudes y entonces notifica a la Coordinación de la Corte de Apelación del departamento al que pertenezca para que designe interinamente a un abogado en ejercicio para que le dé respuesta a la solicitud.
El Departamento Judicial de Barahona, el cual debería tener 22 jueces de Paz, hasta el pasado 6 de febrero solo estaba designada la jueza Santa Pérez Féliz, quien originalmente pertenece al tribunal de Paraíso, pero está interina en Barahona. Ese es el más evidente ejemplo de cómo anda la justicia en los pueblos.
Carol Serenela Modesto Sánchez fue designada en el Juzgado de Paz de Vicente Noble y Mercedes Sena Cuevas en el de Cabral, con lo cual suman tres los titulares para ese departamento.
Los secretarios de los juzgados reciben las solicitudes para poner en acción la fuerza pública, órdenes de prisión, casos de accidentes de tránsito, denuncias por invasión de terrenos y todo lo que es competencia de esos tribunales, los que remiten a la coordinación de la Corte de Apelación para que designe a un abogado en ejercicio para que conozca esos casos.
Critica administración de justicia
La falta de personas crea una crisis en la administración de Justicia porque asuntos inmediatos que debe resolver un juez de Paz, como son las órdenes de conducencia o de allanamiento, deben estar autorizados por un juez de Paz y si no hay un juez de Paz, no se puede hacer nada, según reveló una fuente que prefirió no ser identificada.
“Las denuncias generalmente las recibe la Fiscalía, pero cualquiera acción que vaya a poner en movimiento la acción pública para determinar tal o cual cosa, debe contar con la anuencia de un juez y no hay juez”, señaló.
El magistrado Justiniano Montero Montero, director de Administración y Carrera Judicial, entrevistado por elCaribe, dijo que la región Sur y la Línea Noroeste son las más vulnerables, las cuales no han podido regular y han optado por la designación de los abogados en ejercicio, a quienes les ponemos una limitación de días en función de lo que les “pueden pagar”.
“Lo ideal fuese que estuviesen ahí de manera permanente, aunque el trabajo fuese reducido para que no amerite tener a alguien ahí de manera permanente, pero es que la realidad presupuestaria no lo permite”, indicó el juez.
Dijo que a esos jueces interinos, la Suprema Corte de Justicia les crea un calendario para la realización de las audiencias. Explicó que esta situación impacta de manera negativa la administración de justicia porque el abogado no tiene la experiencia de manejar el procedimiento, como lo manejaría un juez titular, que son capacitados por la Escuela de la Judicatura para que puedan manejar los diferentes tipos de acciones que se conocen en un tribunal. Agregó que eso trae como consecuencia que algunas decisiones de los jueces interinos sean anuladas “en razón de la incapacidad de un abogado que no está preparado para ejercer la judicatura y dar la respuestas adecuadas a los requerimientos que la gente hace”.
Según explicó la fuente, “para designar un juez de Paz, éste tiene que durar dos años en la Escuela de la Judicatura y tiene que hacer una pasantía, tiene que hacer un montón de cosas, llenar una serie de requisitos, que es lo único que le permite posteriormente ejercer una función de juez de Paz”.
“Entonces, un abogado, generalmente sale de la universidad, nunca ha comprado un libro, nunca ha hecho de nada, entonces es quien va a administrar justicia en nombre de la República en un juzgado de Paz porque no hay un juez, lamentablemente. Eso no solamente merma la calidad del trabajo del juez, sino que también retarda el proceso y, naturalmente, la administración de justicia, entonces eso viola no solo el derecho de la persona a defenderse, sino también el plazo razonable en que se le debe dar respuesta a un requerimiento judicial, eso es así”, señaló de forma indignada la fuente judicial.
Interinos integran tribunales
La falta de jueces permite a los abogados conocer a fondo cómo se manejan las cosas en la judicatura, esto porque al juez titular de los tribunales colegiados que van a conocer casos sumamente complejos como son homicidios, violaciones sexuales y robo con violencia, entre otros, los acompañan también dos jueces de paz interinos.
“Es un problema tan grave como la carencia de jueces de Paz porque cuando tú tienes a dos jueces de Paz interinos que son abogados en ejercicio, conociendo un asesinato en un Tribunal Colegiado, que toman una decisión que no es lo que realmente debería ser, eso es grave”, destacó.
“Con eso tú estás poniendo la administración de justicia y la paz ciudadana en manos de unas personas que no tienen ni la formación, ni la experiencia debida para conocer casos de esa magnitud, y trae como consecuencia que la mayoría de las decisiones que toman esos tribunales, conformados con jueces interinos, sean atacadas por los abogados y anuladas por el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación”, agregó.
Dijo que cuando esto ocurre, especialmente en el departamento de Barahona, obliga a que el único tribunal que está conformado por tres jueces especialistas, entonces tenga que salir de Barahona a realizar un segundo juicio en el distrito judicial cuyo proceso fue anulado. “Generalmente las razones por las que la Cámara Penal de la Corte anula las decisiones son por falta de motivo, en razón de que por la falta de preparación de los jueces no pueden motivar una decisión para que la otra parte quede conforme con lo que el tribunal ha decidido”, declaró.
Esa situación recarga el trabajo del Tribunal Colegiado de Barahona que está integrado por las provincias Bahoruco, Independencia y Pedernales.
Con jueces que hay no se puede resolver
El director de la Carrera Judicial señaló que en la judicatura hacen falta, además, jueces de Primera Instancia y jueces de Corte. Expresó que no han puesto en funcionamiento unos 94 tribunales por razones presupuestarias, entre ellos la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal de Tierra de Azua, así como otra sala de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo. “Con los jueces que tenemos no podemos resolver el problema”.
Los jueces no quieren ir a Barahona
El juez Montero dijo que Barahona es el mejor ejemplo de cómo están las cosas a nivel nacional, porque es la región a la que menos jueces de Paz le han designado porque no quieren ir a esa jurisdicción. Explicó que los magistrados no eligen esa demarcación porque es muy lejos y porque entienden que no van a crecer en términos profesionales. “Ellos tienen la facultad de elegir localidad en razón de su nota y la que ha sido menos beneficiada es Barahona”, refirió.
