Las federaciones de transportistas coincidieron el pasado viernes en rechazar militantemente la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al gasoil que los benefició desde 2011. Sin embargo, los enfoques orientados a conseguir algunos medios que atenúen el impacto de la medida del Ministerio de Industria y Comercio no reflejan unidad de criterios. Pareciera que la reacción del viernes fue una sola respuesta enfocada en el criterio de la “unidad para la acción”, mas no un entendimiento común de largo plazo.
Unos hablaron de aumentar los pasajes. Otros expresaron desacuerdo. En la práctica, y al margen del parecer de los jefes de las federaciones, se introducen alzas en las tarifas de pasajes en las grandes ciudades y hacia y desde el interior.
Mientras unos insisten en que se mantenga la concesión, una de las federaciones pareciera actuar con cierto sentido común, en la comprensión de que la medida es irreversible. Sugiere que les concedan el privilegio de importar directamente combustibles, en los términos del mercado libre, lo que de inmediato fue rechazado por el ministro de Hacienda bajo el argumento de que ese negocio no cae dentro de su campo de actividad.
De cualquier manera, y en el supuesto de que se le conceda licencia para importar, habría que preguntar con qué medios, y particularmente, dónde los depositaría. Porque la importación de combustibles sugiere el acceso a una terminal. Una licencia de importación de millones de galones plantea múltiples interrogantes.
La percepción que se tiene es que al margen de la protesta reciente, los transportistas no tienen más alternativa que aceptar la nueva realidad.
Ahora bien, en sus enfoques persiste un reclamo: que desaparezcan todas las exenciones. Que no haya grupos con facilidades para importar gasolinas regular y premium, gasoil y fuel oil. Que se transparenten los grupos que reciben esas ventajas, etcétera.
Quizás, si el gobierno igual elimina estos favores, los transportistas acojan con más tranquilidad la medida que pone fin al subsidio súper millonario.
Si desaparecen los privilegios que subsisten ayudaría más aún las finanzas públicas.
El Estado protector no puede ser sólo para unos pocos. Deben terminar todas las “facilidades”.
