Los recursos de los ayuntamientos provienen, en su mayoría, de las transferencias de fondos que le hace el Gobierno Central, que según la ley 166-03 deberá ser un 10% del total del Presupuesto y Ley de Gastos Públicos.
La misma ley instruye que el importe de la participación de los municipios y distritos municipales de los ingresos del Estado se distribuirá mensualmente por doceavas partes entre estos, conforme a su número de habitantes, tomando como base para su cálculo el porcentaje que representa su población en relación con el número de habitantes del país. La población que se tomará en cuenta para el reparto será del último censo nacional oficial y el monto mensual recibido nunca será menor de 500 mil pesos.
La entrega del porcentaje establecido nunca se ha cumplido y desde hace más de cuatro años las transferencias a los cabildos se ha mantenido sin variación. El monto asciende a un poco más de 14 mil millones de pesos.
La distribución siempre beneficiará a los municipios más poblados, que en la mayoría de los casos cuentan con potencial para la creación de arbitrios; y deja en desventaja a los más pobres. Esto está comprobado en el informe Dimensión Municipal, del Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare), que muestra que diez municipios en pobreza extrema recibieron en el 2008 menos del uno por ciento del monto total de las transferencias municipales.
Estamos a tan solo días para la llegada de un nuevo gobierno, dirigido por Danilo Medina, un hombre que ha dicho que cree en la inversión social para alcanzar el desarrollo y que ha prometido hacer lo que nunca se ha hecho.
Cumplir con la ley de transferencia de los recursos a los municipios es una tarea nunca realizada, ojalá que sea parte de la lista de hacer lo que nunca se hizo del presidente. l
«La entrega del porcentaje establecido nunca se ha cumplido y desde hace más de cuatro años las transferencias a los cabildos se ha mantenido sin variación”.
