La fiscal del Distrito Nacional, criticó que el Congreso Nacional haya retrocedido al eliminar la calidad dada a los ciudadanos para querellarse contra los funcionarios públicos.Tras lamentar la decisión de los legisladores, Yeni Berenice Reynoso explicó que hay una diferencia muy clara entre denunciante y querellante, ya que el primero no es parte del proceso y el segundo sí, en consecuencia, este último puede objetar un archivo dado por el Ministerio Público, recurrir las decisiones que ponen fin al proceso y presentar acusación. Agregó que el querellante tiene una serie de derechos que el denunciante no posee. “Implica un retroceso, un desconocimiento a un derecho legítimo que debe tener un ciudadano en una sociedad democrática… Entendería que es un mal mensaje a la ciudadanía la promulgación del Cogido con la eliminación del párrafo tercero del art. 85”, aseguró.
Durante un encuentro con los periodistas que cubren la fuente judicial por la conmemoración de su día este sábado cinco, expresó que en todo Estado social y democrático de Derecho el ciudadano debe terne la facultad de querellarse contra un funcionario público que maneja fondos del Estado.
Eso no aporta
Para la magistrada no aporta absolutamente nada quitarle al ciudadano este derecho. “Si se tiene el temor de que se puedan interponer querellas temerarias, abusivas, extorsionadoras, siempre el ciudadano tendrá derecho a una demanda o a reiniciar un proceso por esa vía, pero yo no creo que bajo ese argumento podamos eliminar esa facultad que tiene el ciudadano”, dijo.
Reiteró que “en una sociedad democrática no se justifica, no hay razones para quitarle al ciudadano su derecho a querellarse contra una persona que usa fondos públicos”.
Entiende que fortalece la democracia que un ciudadano pueda cuestionar a quien maneja los recursos del Estado. “El que no quiere verse sujeto a ese cuestionamiento que decida no manejar fondos públicos o bastaría quizás con que decida manejarlo con transparencia”, enfatizó Reynoso.
No es inconstitucional
La magistrada aclaró que ciertamente la Constitución dice que el ciudadano tiene derecho a denunciar, pero siempre el legislador tendrá la facultad de ampliar los derechos. “No podemos decir que es inconstitucional porque la Constitución diga derecho a denunciar y el Código diga derecho a querellarse.
Los derechos fundamentales siempre serán una zapata sobre la que se puede construir para fortalecerla, entonces yo no veo que en modo alguno pueda ser contrario a la Constitución”, explicó.
Más presos por Códigos
Precisó que la modificación al Código Penal y Procesal Penal en cuanto al aumento de la pena y la prisión preventiva de 24 meses, se traducirá en un aumento en los presos.
“Tenemos una mora judicial preocupante y en ese sentido entendemos que la solución a esta no es ampliar los plazos, es establecer un mecanismo de gestión para evitar que, por ejemplo, un proceso como el caso Jordi Veras tenga más de 30 aplazamientos”, manifestó.
Con relación a las modificaciones del Código Procesal Penal (CPP) reiteró que “si los actores del sistema no cambiamos un esquema que tradicionalmente ha sido ineficiente, la modificación tampoco garantiza que vamos a ser eficientes. Hay que tomar una serie de medidas…”. Favoreció el aumento de las penas en algunos delitos pero indicó que esto no resolverá la criminalidad.
No es un favor lo que pedimos
En otro orden, lamentó que la Cámara de Cuentas no haya cumplido con su función y entregado al Ministerio Público el informe preliminar de las auditorías realizadas a la gestión de Víctor Díaz Rúa, como exministro de Obras Públicas.
“Nosotros no estamos pidiendo un favor, sino solicitándole una diligencia de investigación que el Código nos faculta y que ellos deben cumplir”, argumentó.
Dijo que, por el momento, no tiene previsto citar a Díaz Rúa, quien es investigado por actos de corrupción y lavado de activos.
Otros casos
La fiscal mostró su preocupación por los casos de mala práctica médica, en cirugías plásticas y dijo que en la Fiscalía han aumentado este tipo de denuncias. Con relación a la desaparición de Narciso González, dijo que está investigando y que en la próxima semana realizarán algunas investigaciones. Dijo que el fiscal Mateo Ciprián investiga sobre la denuncia interpuesta por la Junta Central Electoral sobre uso de documentos falsos.
El jefe de la PN respaldó el aumento de las penas
El jefe de la Policía consideró como un avance la modificación del Código Penal en elevar de 30 a 40 años la pena a personas que cometan actos criminales, no obstante, dijo que hace falta una revisión a la ley 36, sobe porte y tenencia de armas de fuego. “Es un avance el aumento de 30 a 40 años la pena a los que cometen actos criminosos” refirió Castro Castillo. Asegura que en otros países quienes violan la ley de armas reciben prisión.
Eficiencia
Dijo que anteriormente la institución ganaba un 70% de los procesos y hoy alcanza el 90%.
