La Fiscalía del Distrito Nacional pidió prisión preventiva contra un grupo de policías acusados de formar parte de una banda dedicada al robo y venta de vehículos. El Ministerio Público estableció que el sargento mayor Armando Ogando Roa; el primer teniente Silvio Darlin Devora Batista; el raso de la policía Yan Carlos Caminero Santana; el cabo Tonny Edilio Cuevas Cena y Joselito Valerio Caro (a) Lulu, constituían parte de una poderosa estructura criminal que se dedicaba al despojo de vehículos mediante asalto, haciendo de estos hechos criminales su modus operandi, llevando intranquilidad y desasosiego a la sociedad dominicana.
Las investigaciones iniciaron luego de cuatro denuncias de robo bajo el mismo esquema. El tribunal de atención permanente del Distrito Nacional aplazó la audiencia del caso para este sábado a las 4:30 de la tarde.
Sobre la organización
La Fiscalía del Distrito Nacional indica que Valerio Caro es la persona identificada como el cabecilla de la organización, quienes compran y venden vehículos robados.
Además, los nombrados Ogando Roa, Devora Batista, Caminero Santana y Cuevas Cena, son los agentes de los cuales se auxiliaba Valerio Caro, conjuntamente con Pedro Antonio González González, y Michel Rubén Darío (prófugos), para transportar los vehículos robados. Estableció el Ministerio Público que los policías antes mencionados realizaban sus acciones delictivas debidamente uniformados, haciendo creer que la autoridad policial estaba presente y así facilitar las acciones criminales.
Una de las denuncias de robo llegó a la autoridades el 06 de mayo de 2013. El ciudadano indicó que mientras transitaba por la calle 9 de la Urbanización Atlántida, del kilómetro 10 y medio de la carretera Sánchez, fue asaltado por varias personas no identificadas, las cuales portaban armas de fuego y lo despojaron de su vehículo.
Dentro de las investigaciones llevadas a cabo se sustenta de manera clara, precisa y contundente, dice la solicitud de medida de coerción, la participación directa de cada uno de los imputados.
Indica, además, que cuentan con las transcripciones de las conversaciones telefónicas que realizaron los imputados entre sí, identificando cada uno de los actos reñidos con la ley.
Dichas interceptaciones, precisa la fiscalía, fueron debidamente autorizadas por un juez. El Ministerio Público le ha otorgado al siguiente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 386-2 del Código Penal Dominicano.
