La fiscalización

La Fundación Prensa y Derecho reveló que más de 800 sociedades formalmente sin fines de lucro reciben cuantiosos recursos del erario, no menos de mil 400 millones de pesos, sin que sus acciones sean revisadas por ninguna instancia pública.

La Fundación Prensa y Derecho reveló que más de 800 sociedades formalmente sin fines de lucro reciben cuantiosos recursos del erario, no menos de mil 400 millones de pesos, sin que sus acciones sean revisadas por ninguna instancia pública.

La revelación confirma la debilidad con que opera el régimen de control o fiscalización de los recursos públicos, y es que al margen de lo que pudiera ser una débil voluntad política en las instituciones responsables, en algunos casos no tienen los recursos y las capacidades suficientes para cumplir su misión, o por lo menos, para llenar las formalidades.

En cualquier caso, la realidad es que la República Dominicana tiene, desde el punto de vista de su estamento constitucional, un sistema de control y fiscalización de los gastos públicos o de las operaciones de la Administración y las instancias que reciben dinero del erario, más o menos perfecta, pero sin estricta aplicación.

El Congreso Nacional es un ente que debe vigilar el desempeño de la Administración, de todo lo que es el Poder Ejecutivo, pero lo que ocurre es que cada año el Presidente de la República deposita sus memorias sin que se revise nada.

La propia Cámara de Cuentas debe hacer lo propio, y tampoco pasa nada. Los legisladores simplemente están de espaldas. Poco les interesa. Total, ellos también manejan impropiamente recursos públicos a través de sus fundaciones y oficinas congresuales, y difícilmente van a destapar una Caja de Pandora. Es como un estado de complicidad institucional.

Y es una pena que sea así, porque los congresistas tienen un poder casi ilimitado en materia de fiscalización, previsto en la Constitución. Lo mismo pasa con la Cámara de Cuentas, que tiene una extraordinaria potestad conforme a la ley 10-04, específicamente en el artículo 2), que precisa sus atribuciones y competencias para transparentar el uso de los recursos en todo el Estado, instituciones y empresas que reciben o manejan dinero del Tesoro Nacional.

La Cámara de Cuentas, aunque autónoma, ciertamente  no tiene suficientes recursos, pero igual carece de voluntad para que las cuentas sean claras. Es una materia en la que debemos mejorar. l

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