Adiferencia de una monarquía o una dictadura, la democracia tiene como característica fundamental el reconocimiento de que el soberano es el pueblo y que por lo tanto, el poder reside en los ciudadanos y las ciudadanas de un país determinado. Tradicionalmente, este poder se le delega a un representante escogido mediante elecciones, lo que ha dado lugar a lo que se conoce como democracia representativa.
Sin embargo, generar mayores niveles de democracia e inclusión en el sistema político y social, implica mejorar la capacidad de participación política de la gente, más allá de los procesos electorales. Esto permitirá un ejercicio pleno de ciudadanía. Si bien es cierto que se requiere de cambios profundos a nivel del sistema electoral y de la representación política, es fundamental procurar que se hagan efectivos los mecanismos directos de participación en la democracia, los cuales complementan la representación política. Por esta razón, cada vez más las Constituciones latinoamericanas incorporan mecanismos directos para el ejercicio del poder popular. La Constitución dominicana así lo hizo en su última reforma del 2010, al establecer, en su artículo número dos, que del pueblo emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa. Esto dio lugar a que se incorporaran en nuestra Carta Magna, una serie de mecanismos de democracia directa.
Efectivamente, se establecieron mecanismos directos de participación como el referéndum, el plebiscito municipal, el Consejo Económico y Social, la iniciativa legislativa popular y el presupuesto participativo. Pero se requiere promover mayores niveles de inclusión ciudadana en las decisiones de políticas públicas, a partir de la promoción de estos mecanismos de participación que se han definido, pero que aún no están funcionando o lo hacen de manera muy precaria.
El Congreso Nacional tiene una gran responsabilidad en el fortalecimiento de la democracia directa, pues algunos de estos mecanismos, como el caso de la iniciativa legislativa popular, requieren de leyes especiales para su puesta en vigencia. Es necesario además, la aprobación de una ley general de participación que dé coherencia a las distintas instancias de participación que existen en la Constitución y las leyes.
Los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, tienen un rol fundamental en la constitución de ciudadanía, a partir de la generación efectiva de acciones de movilización y participación política y social de la gente.
Estas organizaciones deben además, contribuir con la promoción de amplios procesos de educación cívico-política que generen una mayor conciencia de los dominicanos y las dominicanas sobre su condición de ciudadanos sujetos de derechos.
