Ante la tala de árboles de forma irresponsable y sin fundamentos técnicos que ha realizado la Alcaldía de Santiago en varios sectores de la ciudad, en especial en el histórico Parque Duarte, la Fundación Ambiental Acción Verde expresa su intención de que los responsables reciban las sanciones administrativas y judiciales que correspondan de acuerdo a la legislación vigente.
Entendemos urgente y necesario que las instituciones de la ciudad y los propios ciudadanos, pongamos un freno definitivo a los desatinos en los que suelen intervenir los gobiernos municipales y el propio estado, al levantar obras sin tomar en cuenta las normativas ambientales existentes, muchas veces sin contar siquiera con los más elementales permisos de Ley.
No es ni será nunca justificable que en nombre de un «desarrollo» que no se sustenta en el consenso ni mucho menos en los planes estratégicos de la ciudad, cualquier autoridad se sienta en el derecho de disponer a su antojo de los recursos del pueblo y del patrimonio natural de todos, a cambio de enarbolar una falsa visión de urbanismo que a la larga se torna insostenible y opuesta a los criterios de una ciudad verde y amiga del ambiente.
En este caso, la Alcaldía y sus contratistas talaron decenas de árboles, que si bien es cierto algunos podrían ser sacrificados o sustituidos, otras especies como la Palma Real, Frijolito y el Flamboyán pudieron recibir otro tratamiento y haber empleado un criterio más técnico si fuere necesaria la sustitución de los mismos.
Si este tipo de flagrante delito se queda sin consecuencias, entendemos que se convertiría en un estímulo a que se repitan en cualquier momento y cualquier lugar; en tal virtud estamos realizando un peritaje para someter por ante la autoridad judicial competente a la Alcaldía de Santiago, por violación a los artículos 169, 174, 175 de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al amparo de los Artículos 66 y 67 de la Constitución de la República sobre Derechos colectivos y difusos, que expresan: «El Estado reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia protege:
1. La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora;
2. La protección del medio ambiente;
3. La preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico.
Artículo 67.- Protección del medio ambiente. Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia:
1. Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza.
Exhortamos a todo ciudadano o ciudadana que se sienta afectado por acciones similares a ejercer sus derechos en las instancias correspondientes, para que defendemos juntos el patrimonio de todos.
