2015 será el último año en que el régimen de zonas francas exista como lo conocemos hoy. La Organización Mundial del Comercio (OMC) estableció ese año como el último en el que ese tipo de tratamiento puede operar, excepto para países de bajo ingreso. La República Dominicana no está entre esos países.
La prohibición se debe a que el otorgamiento de exenciones, especialmente al impuesto sobre la renta, no es una práctica aceptable por dos razones simultáneas. Primero, porque se considera un subsidio; porque es como si por un lado se le cobrara el impuesto que se le cobra a todo el mundo, y por el otro se le devolviera inmediatamente y sólo a ellas, un monto equivalente a lo que tributó. Segundo, porque esos subsidios se otorgan bajo la condición de que las empresas beneficiarias exporten su producción. De acuerdo a cifras del Ministerio de Hacienda, el subsidio del que terminarán beneficiándose las empresas de zonas francas en 2014 es de más de RD$ 23 mil millones o casi 1% del PIB. Junto al sector eléctrico, es el gran beneficiario del régimen tributario dominicano.
El fin del permiso excepcional que han disfrutado muchos países de ingreso medio como la República Dominicana para operar estos regímenes obliga al país a redefinir el tratamiento que da a las empresas que operan bajo ese régimen.
El Estado tiene varias opciones a la mano para ajustarse a las nuevas normas. Una de ellas es simplemente eliminar la exención del impuesto sobre la renta que disfrutan las empresas de zonas francas, de tal forma que ellas se integren al universo de contribuyentes y participen, como todo el mundo, en el esfuerzo fiscal. La excepcionalidad fiscal sólo se mantendría para el régimen de importaciones. Esta sería, claramente, la solución más justa; sin embargo, tiene la dificultad de que puede ahuyentar inversiones. Frecuentemente este factor se exagera, pero no debe de ser ignorado.
Otra opción es extender los beneficios de las exenciones para zonas francas a todos los sectores, independientemente de si exporten o no; en otras palabras, “zonafranquizar” todo el país en materia de impuesto sobre la renta. Esta opción está claramente fuera de la mesa porque sería fiscalmente incosteable, a la vez que sería tremendamente inequitativo, a menos que se logre diseñar algún mecanismo que reemplace el tributo corporativo (a las empresas) por uno sobre las personas físicas, es decir, sobre dueños y dueñas de las empresas.
Una tercera opción, la preferida por el sector y por una parte del gobierno, es extender las exenciones del impuesto sobre la renta de zonas francas a todas las empresas del país, pero limitándolas a actividades consideradas “estratégicas”, entre las que se incluirían todas o las principales de zonas francas. De esa manera, en lo fundamental, no habría cambios significativos en la medida en que se mantendrían las exenciones al sector, y aunque los beneficios se extenderían a otras empresas, el impacto sería mínimo porque, en general, no hay muchas empresas fuera de zonas francas en actividades similares a las de zonas francas.
Esta alternativa es práctica y mantendría el estatus quo, a la vez que cumpliría con el requerimiento de la OMC. Pero es precisamente allí donde reside el problema: no cambia casi nada, es más de lo mismo, y lo que hace es prolongar esta apuesta fallida por una competitividad en base a exenciones tributarias y bajos salarios, y por un régimen de comercio que no promueve los encadenamientos productivos ni el aprendizaje y el escalamiento tecnológico, que son las bases de una competitividad sana, sostenible e incluyente.
Lo más importante no es salir ilesos del fallo de la OMC, sino lograr un Estado y políticas capaces de promover la transformación productiva, que deje atrás la excepcionalidad y el dualismo perennes (zonas francas versus resto de la economía), que promueva directamente el aumento de la productividad y el mejoramiento de la calidad, que haga capaces a las empresas nacionales de vender en el mercado internacional y de suplir a las de zonas francas productos de calidad, que les permita vender en nuevos mercados dinámicos y no sólo en los de siempre, y que evite que nos sigan devolviendo tantos y tantos embarques de frutas y vegetales como ocurre en la actualidad.
Eso sería hacer lo que nunca se ha hecho.
