Líderes indígenas dijeron que Baltasar Garzón mediará entre el gobierno y la población aborigen que exige el retiro de los actores armados en una región del suroeste.
“Lo estamos esperando, tenemos una reunión con él (Garzón)… programada en la guardia indígena del municipio de Miranda”, departamento de Cauca y a unos 340 kilómetros al suroeste de Bogotá, dijo el presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, James Yatacué.
Garzón se encuentra en Bogotá y podría trasladarse hacia la zona en las próximas horas.
Yatacué dijo que las autoridades indígenas esperan socializar con el exmagistrado español una propuesta para pacificar la región, que entre otros puntos demanda el retiro no sólo de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sino también de la fuerza pública, quienes desde hace ocho días mantienen combates.
Las acciones armadas afectan a unos 115,000 indígenas en nueve municipios en el norte del departamento de Cauca.
De acuerdo con Yatacué, Garzón “hará (la veces) de interlocutor con el presidente de la república para luego dar el debate (directo)” con el mandatario sobre las diferentes demandas de los indígenas.
El presidente Juan Manuel Santos sentó enfáticamente su postura al respecto el sábado: “no hay la más mínima posibilidad que… ordene el despeje (militar) de un solo centímetro de nuestro territorio”.Y agregó que “la fuerza pública tiene la obligación… de proteger cada centímetro” del país.
El líder nativo aseguró que la guardia civil indígena de la zona, de unos 3,000 miembros, está en la capacidad de mantener el control territorial siempre y cuando la guerrilla también se retire. Agregó que para ello las autoridades indígenas le han enviado cartas al máximo jefe de las FARC, Timoleón Jiménez o alias “Timochenco”.
Garzón, de 56 años, es asesor desde 2011 de la llamada Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia, presente en el país andino desde 2004.
Santos siempre ha apoyado públicamente la gestión de Garzón en Colombia a pesar de su impasse el pasado 9 de febrero cuando el Tribunal Supremo español lo condenó a 11 años de inhabilidad.
