El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, anunció que para el próximo año solicitarán al Ejecutivo y al Congreso la aprobación de 14 mil millones de pesos para el funcionamiento del Sistema de Justicia y aseguró que actualmente sólo trabajan con el 50% de lo que solicitaron para el ejercicio fiscal de 2016. Este anuncio surge luego de que la semana pasada jueces y demás integrantes del Poder Judicial protestaran en las diferentes jurisdicciones judiciales del país en reclamo de la asignación del 2.66% del presupuesto nacional para ese sector.
Germán Mejía destacó que el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado que cuenta con una ley que dispone su autonomía presupuestaria, la ley 194-04, la cual nunca se ha aplicado en su mandato de otorgar el 2.66% de los ingresos del Estado al Poder Judicial.
“Amparado en lo que dispone esa ley, el Poder Judicial solicitó, en el año fiscal que transcurre, la asignación de un presupuesto de RD$10,983.3 millones, pero solo le fue aprobada una partida de RD$5,606.6 millones, que equivale a un 50% de lo solicitado”, aseguró.
Añadió que el 72.75% de los recursos que entran se destinan a remuneraciones y contribuciones, el 22% se dedica a gastos fijos, que incluye la cobertura de los servicios básicos, la adquisición de materiales y suministros para la operación de los tribunales del país y los fondos destinados a la Escuela Nacional de la Judicatura.
“Tenemos 133 locales alquilados donde operan tribunales del país, entre ellos el Palacio de Justicia del Departamento Judicial de Santo Domingo, ese donde ustedes ven que tenemos que habilitar tribunales en furgones para poder administrar justicia”, refirió.
El titular de la SCJ aseguró, además, que en esos locales alquilados funcionan 80 juzgados de Paz, cinco cortes de Apelación, 19 tribunales de niños, niñas y adolescentes y ocho tribunales de tierras.
“Como ustedes ven, el 96.7% del presupuesto del Poder Judicial se destina a cubrir gastos corrientes, lo que significa que resta una exigua cantidad del 3.3% para los gastos de capital, donde van incluidos los proyectos de desarrollo y las inversiones”, acotó.
Explicó que tienen creados por ley, desde hace años, 98 tribunales que no se han podido poner en operación por falta de recursos.
“El Poder Judicial cuenta con 6,091 empleados administrativos y 675 jueces. Aún con las limitaciones que nos ocasionan la falta de recursos, nuestro desempeño se refleja en la solución de 325,903 expedientes en el 2015. Las carencias no apaciguan nuestro rendimiento. Pero nuestro trabajo requiere de recursos para un óptimo desempeño”, aclaró.
El magistrado añadió que la democracia requiere de instituciones fuertes y que estas a su vez definen su fortaleza en la medida en que ejercen sus funciones con la suficiente capacidad para hacerlo. “Cuando las instituciones se debilitan, también lo hace la democracia”, subrayó. Al referirse a la protesta realizada por los jueces en reclamo de mayor presupuesto para la justicia, destacó que no se opone a la lucha, pero sí a la manera como se está procediendo, porque los jueces deben ser garantes de la justicia y deben mantener su prestancia.
Aclaró que cuando dijo que desautorizaba la protesta, el término no fue el más adecuado, porque lo que en realidad quiso transmitir fue su desacuerdo con la forma y el método como se estaba realizando la exigencia.
“Yo tengo un concepto sagrado de los jueces y creo que un juez no debe mezclar la protesta y actividades de esa índole con sus funciones y tampoco puede ser un hombre que levante el brazo y al mismo tiempo que lance un grito pidiendo más presupuesto”, expresó.
El también presidente del Consejo del Poder Judicial, exhortó a los jueces a agotar los canales regulares para hacer valer su lucha y reiteró su apoyo a la solicitud de mayores recursos para la justicia.
“Primero hay que agotar las vías institucionales y por eso le expresé al señor Presidente (Danilo Medina) mi preocupación, le di a conocer los datos y a quienes manejan lo relativo al presupuesto también se lo he dicho”, agregó.
Relató que durante su encuentro con el primer mandatario nacional, éste se mostró muy accesible y con el ánimo de apoyar sus solicitudes.
Cumbre culminará el 7 de octubre
De su lado, el coordinador de la Cumbre Judicial Nacional, Samuel Arias Arzeno, aseguró que esta iniciativa, ordenada por el Consejo del Poder Judicial con el propósito de diagnosticar el sistema de justicia y aplicar mejoras, está en ejecución y culminará el 07 de octubre.
“La Cumbre Judicial Nacional es una iniciativa que surge en el seno del Poder Judicial para identificar e impulsar reformas en el sector justicia que respondan de forma efectiva a las necesidades de la sociedad dominicana y sus instituciones”, subrayó.
Destacó que la cumbre se está realizando a través de las etapas de consultas, reflexión y compromisos y que para tener un impacto sustantivo, se desarrollará en función de seis ejes, entre los cuales destacan autonomía e independencia, acceso a la justicia, eficiencia en el procesamiento de los casos, coordinación interinstitucional, integridad en la labor judicial, sistema de carrera y régimen de consecuencias y gestión administrativa y presupuesto.
Especificó que los objetivos de la cumbre son revisar de forma plural y objetiva los avances y retos del Poder Judicial de cara a las necesidades y expectativas de la sociedad dominicana e identificar y comprometer acciones puntuales en coherencia con el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, para robustecer el sistema de justicia y aumentar la confianza y credibilidad.
El magistrado Arias Arzeno recordó que la Cumbre comenzó a ejecutarse en abril con la definición y desarrollo de estrategias macro y que durante los meses de junio y julio, se realizaron las reuniones informativas de la comisión de apoyo y los encuentros con servidores judiciales. Agregó que también en julio, se inició la aplicación de encuestas internas, sectorial y ciudadana y que para los meses de agosto y septiembre, se realizarán los foros de consulta de sector justicia/estatal, los foros de consulta con la sociedad civil, y los foros de reflexión interna.
El responsable de la cumbre, puntualizó, además, que para el 7 de octubre, tentativamente, está pautado el evento central de la cumbre y que posteriormente a esa fecha se ejecutará el Plan de Ejecuciones y Monitoreo.
Comentó que hasta la fecha han participado 1,076 asistentes a través de encuentros en la fase de consulta, en las localidades de La Vega, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana, Santiago, Puerto Plata, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Distrito Nacional, Barahona, San Cristóbal y Monte Cristi.
Finalmente, explicó que durante los encuentros internos los temas de mayor incidencia fueron precariedad presupuestaria, bajos salarios y seguridad social deficiente, falta de edificaciones y edificaciones no aptas para administrar justicia; mora judicial, carga laboral excesiva, escasez de personal, falta de equipos informáticos y falta de material gastable.
No hay interés del sector político
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, consideró que desde el sector político, el área gubernamental y el Congreso Nacional no existe interés para que el Poder Judicial funcione como debe ser y que por esa razón no se le asigna el presupuesto que establece la ley.
Indicó que con el bajo presupuesto con el que cuenta ese órgano judicial no se puede ejercer la función de manera independiente.
“A los poderes de la República no les interesa, ni les conviene que el Poder Judicial funcione, porque un Poder Judicial independiente no le conviene absolutamente al sector de poder”, sostuvo Subero Isa, al ser entrevistado ayer en el programa “Enfoque Matinal”, que se transmite por NCDN, canal 37.
Insistió en que una de las cosas que logra la independencia de las instituciones son los recursos económicos.
A juicio del magistrado, si la República Dominicana fuera un país, donde las instituciones funcionaran, se le diera cumplimiento a lo que establece la ley.
La cumbre fue ordenada por el CPJ en febrero
El 1 de febrero de este año el Consejo del Poder Judicial (CPJ) ordenó la celebración de una Cumbre Judicial Nacional, con el propósito de escuchar propuestas de mejoras puntuales en el sistema de administración de justicia. La decisión, contenida en el acta 03-2016, establece que el coordinador del evento sería el magistrado Samuel Arias Arzeno, a quien se le asignó un plazo de cuatro meses para organizarla.
También, se designó en la Coordinación de Apoyo Logístico al secretario general del CPJ, Edgar Torres Reynoso; a la directora general Técnica, Cecilia Cuello, y al director general de Administración y Carrera Judicial, Justiniano Montero.
El coordinador general de la Cumbre fue facultado para designar cuantas comisiones de apoyo estimara pertinentes, las cuales debían estar integradas por jueces, para garantizar el éxito de la actividad.
El 22 de julio, se inició la etapa de consultas a través de la web, en la cual han participado diversos sectores del país, presentando propuestas de mejoras puntuales al sistema de justicia.
Samuel Arias Arzeno
La Cumbre Judicial Nacional es una iniciativa que surge en el seno del Poder Judicial para identificar e impulsar reformas”.
Jorge Subero Isa
A los poderes de la República no les interesa, ni les conviene que el Poder Judicial funcione de manera independiente”.
