“Tenemos que eficientizar los sistemas de seguridad, porque en democracia no se vive sin seguridad”, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Mariano Germán Mejía, quien al participar en el II Taller de Parlamentarios de Centroamérica y República Dominicana, indicó que la seguridad constituye una obligación para el Estado y un derecho para el ciudadano. Agregó que el Estado solo puede cumplir con la obligación de brindar seguridad cuando tiene bien organizados los órganos de sanción, que son los tribunales, los órganos de encausamiento de la sanción, que es el Ministerio Público, y los órganos de persecución fáctica jurídica, que son la Policía y otros.
El también presidente del Consejo del Poder Judicial dijo que “debemos entonces los países más vecinos y más cercanos unirnos para, en una asociación armonizada, coordinar y cooperar la lucha contra el crimen”.
Habla representante de Aecid
“Cuando un Estado falla en sus obligaciones sociales, como dar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, se produce una quiebra del Estado de derecho”. Así lo afirmó Carlos Cano, coordinador de la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), al participar en el referido taller. El funcionario indició además que la Aecid tiene un marcado interés en el fortalecimiento del Poder Judicial dominicano así como los diversos actores del sistema de justicia penal, como son la Policía Nacional y el Ministerio Público, garantizando una coordinación más efectiva en el trabajo que desempeñan los fiscales y la Policía para conducir las investigaciones criminales.
Explicó que cuando se profesionalicen estas instancias, se verán beneficiados los ciudadanos con mayor seguridad y reducción de la impunidad.
Nada sobre presunta cancelación de visas
Tras finalizar la actividad, que formó parte del proyecto: Armonización de la Legislación Penal en la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica y República Dominicana, Germán Mejía dijo desconocer que se hayan cancelado visados a jueces por beneficiar con sus decisiones al narcotráfico. Al evento asistió el procurador General, Francisco Domínguez Brito.
