Una de las manifestaciones culturales sobre el ejercicio de la autoridad está asociada a la idea de una mano dura. Y suele recurrirse a la imagen del dictador cuando se percibe que las resoluciones y decretos del poder no se cumplen. Eso viene a cuento por lo que ha pasado con los costos de los pasajes y de las cargas, que alguna autoridad entendió que debían bajar en atención a la disminución a los precios de los combustibles.
A un funcionario se le ocurrió que podía tomar una disposición en favor de los usuarios, sin valorar “el interés de las partes”. En este caso de los transportistas, que tienen capacidad de presión, tanta que por momentos se imponen a los funcionarios o al gobierno como un todo.
Ese poder puede operar ya como sindicato del terror, de la violencia o del crimen. O como sector empresarial con el cual hay que negociar porque está en capacidad de manipular la transportación de pasajeros y de cargas, sea paralizando los servicios o imponiendo tarifas bajo el régimen del monopolio.
Es esa capacidad de acción que relativiza el ejercicio de la autoridad pública frente a gremios o colectivos que pueden perfectamente colocarse al margen de la ley sin temor a la sanción, excepto, la que dimana de la sociedad, que perpleja ve cómo estos actores se colocan por encima de las autoridades.
Son esas actitudes las que debilitan la percepción del rol de los gobernantes frente a los ciudadanos simples, que sienten que la ley y el orden sólo les son impuestos a los débiles. Y con un dejo de frustración claman un poder público poderoso, que se dé a respetar, y amargamente piensan en la Dictadura.
Son esas conductas públicas las vías propiciadoras para la comisión de delitos colectivos sin sanción.
Es necesario que el liderazgo político, y especialmente, quienes detentan el poder, entiendan que no solamente son garantes de la democracia conveniente, sino también que representan la mano dura de la ley y el orden.
