El Gobierno a través del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica ha aportado RD$114,236.8 millones entre los años 2003 y 2014 para evitar cargar con un mayor costo a los usuarios de la electricidad a través de sus facturas.
Eso significa concretamente, según explicó ayer el superintendente de Electricidad, Eduardo Quincoces Batista, que ese dinero ha cubierto el espacio que queda cuando al usuario se le ofrece una tarifa que no está basada en los costos reales que debe tener, sino que una parte de ese costo va subsidiado por el Gobierno. En un lenguaje más sencillo, es algo así como que si un producto cuesta dos pesos, sin avisarte te lo vendo a un peso con 40 para que no salgas muy cargado, y yo me sacrifico con la otra parte (subsidio). Informó que la tarifa eléctrica lleva 44 meses fija (tres años y ocho meses), o sea, que no ha sufrido incrementos desde el mes de junio de 2011.
Quincoces Batista, entrevistado en la parte concerniente al Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, dijo que en el suministro de electricidad hay dos aspectos fundamentales que deben ser tomados en cuenta, que son la generación de la electricidad que es producida por las empresas generadoras y que constituye el mercado mayorista, y por otro lado el mercado minorista que se refiere al componente que aportan las distribuidoras en el segmento de distribución y la parte importante de la tarifa y los costos de ésta para el usuario.
En cuanto a la generación en el país, sugirió plantearse cómo conseguir mejores precios porque esos precios son traspasados luego a las tarifas de los usuarios. De paso, el funcionario aprovechó ayer para recordar el llamado hecho esta semana por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para la compra de energía eléctrica por parte de las compañías distribuidoras de electricidad, con el objetivo de relevar los acuerdos de Madrid que vencen en 2016.
Dejó claro que el país necesita mejores precios y condiciones de esos acuerdos.
“Los precios que resulten de esas licitaciones es importante que puedan ser transferidos a la tarifa, según establece el artículo 110 de la Ley General de Electricidad”, dijo Quincoces Batista en la conversación. Y dejó claro que el país necesita eficiencia a nivel de las empresas distribuidoras.
Sostuvo que lo que predomina en la generalidad de los países es que el órgano generador del sector eléctrico establece tarifas bajo un esquema de incentivos, lo que significa que establece unas tarifas que se aplican al usuario y cada empresa de distribución y comercialización tiene que ajustarse a esos precios, que se determinan mediante estudios especializados.
Como parte de eso, se toma en cuenta cuáles son los ingresos que necesita una empresa eficientemente dimensionada y cada empresa entonces debe ajustarse a los precios que fija el órgano regulador. “Es un esquema que en el caso de República Dominicana no ha sido aplicado desde la reforma o capitalización del sector eléctrico en 1999. No ha sido posible. Y eso se ha debido a circunstancias coyunturales que determinados gobiernos han entendido que no debían traspasarse los precios a los usuarios, sino que las tarifas debían de ser subsidiadas lo que ha conllevado a que no se aplique específicamente el mecanismo establecido en la ley, de que las tarifas se fijen en base al costo incremental de largo plazo para cada una de las empresas distribuidoras”, apuntó el funcionario, respondiendo a una pregunta formulada por Héctor Marte, jefe de Redacción de Apertura de elCaribe. La entrevista fue dirigida por Osvaldo Santana, director del diario, y participaron, además, el editor de la sección Dinero, Héctor Linares, y la editora de elCaribe versión digital, Sandra Guzmán.
En otras naciones es distinto
Quincoces dijo que a diferencia de lo que ocurre en todos los países de Centroamérica y muchos de Sudamérica, en el caso de República Dominicana el mecanismo de precios ha estado bloqueado y distorsionado. “Se tiene que un bien tan importante como es el suministro eléctrico no está establecido sobre una base de costo y los precios que se tienen hoy en día sobre la electricidad no reflejan los costos que conlleva dar el servicio a los usuarios y esto porque hay de por medio subsidios y mecanismos que no han permitido que sea aplicada lo que corrientemente se llama tarifa técnica”, planteó el superintendente, que estuvo acompañado en la entrevista de los miembros del Consejo de Administración Diógenes Rodríguez y Ángel Canó, y los representantes del área de Relaciones Públicas Enrique Fernández y Yuly Mármol.
Informó que en la propuesta gubernamental para el Pacto Eléctrico está previsto que se pase a aplicar la tarifa técnica, es decir, una que esté basada en los costos reales de la prestación del servicio. “Es una tarea que como país tenemos pendiente. Eso de que las tarifas sean reales y que reflejen los costos reales”, expuso. Sin embargo, cuando Sandra Guzmán le preguntó si eso significa que la gente pagará más alto el costo de la electricidad, respondió: “Con el nivel que tienen los combustibles en los mercados internacionales lo que podría darse es que las tarifas pudiesen bajar”.
Quincoces explicó que “como se ha estado aportando del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica a lo largo de los años, ahora que los precios de los combustibles han estado a la baja, hay la posibilidad de ir recuperando parte de ese dinero que se ha llevado el subsidio”. Por ejemplo, en el año 2005 al fondo retornaron unos RD$2,204.86 millones. El fondo en cuestión se nutre de la diferencia que se da entre la tarifa indexada y la tarifa aplicada. Es decir, que esa es la porción que se envía al Ministerio de Hacienda.
Diógenes Rodríguez, miembro del Consejo de la SIE en respuesta a una pregunta de Osvaldo Santana, sobre el Bonoluz aseguró que ese componente le ocasiona a las empresas distribuidoras un déficit porque el Estado se lo paga a la tarifa subsidiada más baja. “Si el Estado le pagara ese Bonoluz a una tarifa técnica, que pudiera estar en estos momentos a once pesos, la distribuidora no tuviera déficit por ese lado”. Sostuvo que la tarifa técnica refleja el costo real de la energía que se sirve a la población, pero tiene el ingrediente de que es diferente para cada distribuidora, porque cada una tiene sus características distintas. La tarifa técnica se calcula en base a la cantidad de energía y potencia que las distribuidoras compran individualmente a los generadores, que son alrededor de RD$7,000 millones mensuales y eso implica el 80% del costo de la tarifa técnica.
Calculó que por otra parte, el costo de transmisión representa el 4% y el de la comercialización y la distribución el 16% de la tarifa. “Inmediatamente el país tiene una tarifa técnica tú puedes medir la eficiencia o ineficiencia de las distribuidoras, porque tú le vas a reconocer a ellos una pérdida técnica y ellos tienen que buscar la forma, a través de la gestión, de que esas pérdidas, que no son técnicas, irlas bajando anualmente y el déficit ir disminuyendo.
Explicaciones sobre un costo que será similar
En el caso de Samaná, el suministro de electricidad llegará desde el SENI (Sistema Eléctrico Nacional Interconectado) lo que garantiza que el costo para los usuarios llegará con tarifas similares a las que tienen los usuarios de la Empresa de Electricidad del Norte (Edenorte). El principal problema que ha originado las protestas en Samaná contra Luz y Fuerza y el pedido, incluso, de que esa empresa se vaya del lugar ha sido justamente el de la alta facturación para los clientes. Pero la empresa tiene una concesión de distribución, dijo el superintendente Quincoces. En otra parte de la conversación dijo que desde el año 1999 (año de la capitalización) República Dominicana ha invertido de los recursos públicos unos US$9,500 millones en el sector eléctrico.
Edes y la empresa Luz y Fuerza
Diógenes Rodríguez planteó que cada distribuidora de electricidad tiene sus características especiales y compra energía diferente y a varias empresas, por lo tanto, la tarifa que se calcula es irreal porque se hace igual para las tres empresas y no debiera ser así.
El superintendente de Electricidad advirtió que los subsidios extendidos a la tarifa eléctrica no fomentan el ahorro, porque como está tan barata la gente consume sin control y añade equipos en la casa. “Está comprobado que si hay precios reales cada persona en su casa ajusta su consumo”, dijo.
Ángel Canó criticó que muchas personas no entiendan que la energía eléctrica es un bien que tiene que cuidarse. “Aquí hay gente que va llegando a su casa y llama por teléfono para decir que le enciendan el aire para encontrar fría la habitación y luego se detienen en el camino y ese aire funcionando. Eso no es posible, tiene que haber una educación al usuario y hay que trabajar en eso”, expuso.
Sobre la compensación para los clientes que contempla la ley por los cortes (apagones) no justificados, el superintendente Quincoces reconoció que hay distorsiones en esa parte y que es un camino por recorrer. Se refirió a ese capítulo respondiendo a un comentario de uno de los entrevistadores en el sentido de las quejas que surgen porque esa compensación en la práctica no se produce. Calculó que cada año el Estado aporta entre 1,300 y 1,500 millones de dólares para el sector eléctrico de los fondos públicos. “Es una situación que se ha planteado mucho y que constituye una tarea pendiente como país”, indicó.
Desde el 2006 la Superintendencia ha recibido 170,760 quejas (un promedio de 25 mil cada año), de ellas con un total de “procedentes” de 76,499 y RD$459.6 millones devueltos por eso concepto.
El superintendente informó que la interconexión de Samaná a la empresa Edenorte, para solucionar el conflicto surgido en esa provincia por los altos costos de la empresa eléctrica Luz y Fuerza, deberá estar lista el 4 de abril de este año. “Tiene que estar ejecutada la interconexión porque los trabajos de la línea de transmisión desde Sánchez hasta Las Terrenas están adelantados en un noventa por ciento y se está construyendo la subestación de Las Terrenas y habilitando el equipamiento necesario en la subestación de Sánchez”, aseguró.
