El Gobierno desmintió ayer un acuerdo para otorgar visas a 1,080 ciudadanos haitianos que permanecieron por cuatros días en la frontera demandando entrar al país.Luego de sostener una reunión con el presidente Danilo Medina, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul y el director de Migración, José Ricardo Taveras, descalificaron las declaraciones del sacerdote jesuita Regino Martínez, quien anunció el pasado miércoles que el conflicto llegaba a su fin porque las autoridades dominicanas darían el permiso pertinente a esos ciudadanos para que pudieran ingresar al país, supuesto acuerdo que fue publicado por los periódicos Listín Diario y Hoy.
“El padre Regino no está facultado ni para emitir documentaciones oficiales, ni para trazar líneas migratorias en el país, ni para ser interlocutor válido de nacionales haitianos frente al pueblo dominicano. Eso es una facultad del Estado haitiano y dominicano”, dijo Fadul.
Ambos funcionarios sostuvieron que la posición del Gobierno sigue siendo la misma: permitir la entrada a esos extranjeros siempre y cuando tengan pasaporte haitiano y el visado correspondiente.
Manifestaron que República Dominicana, como cualquier país del mundo, tiene “derecho soberano de regular la migración”.
Reiteraron que “todo ciudadano extranjero, haitiano o no, que desee ingresar a territorio dominicano debe cumplir con la legislación vigente”.
“Se han interpretado situaciones y han publicado informaciones. Nosotros oficialmente queremos dejar bien sentado que la posición de la Dirección General de Migración y del Gobierno dominicano era una, fue una y seguirá siendo una y el que quiera entenderla que lea la ley”, dijo Taveras.
En tanto que Fadul aclaró que “si ha habido algún inconveniente o alguna información no correcta, de que pueden entrar al país sin ningún tipo de reglamentación, eso no es cierto”.
Fadul y Taveras explicaron que una lista con los nombres de 1,080 haitianos, que entregó ayer el padre Regino Martínez a funcionarios dominicanos y haitianos, será sometida a depuración por el Ministerio de Relaciones Exteriores para determinar quiénes podrán optar por la visa que les permitiría entrar a República Dominicana.
“Ellas (autoridades haitianas) están dotando de documentación, de pasaporte y dándole su identidad a esas personas y posteriormente se enviará la lista a la Cancillería, vía la sección consular, y se hará la evaluación pertinente”, explicó Fadul.
Taveras reiteró que los 280 haitianos del grupo que el sacerdote entiende se les debe autorizar su ingreso a territorio dominicano, podrán hacerlo sin inconvenientes si se confirma que tienen el pasaporte y visado correspondientes.
Fadul manifestó que en el país hay “un alto grado de sensibilidad y de respeto al hermano país haitiano y a todos los haitianos” . Explicó que es en territorio haitiano donde deben proveer de documentación a sus nacionales y luego solicitar, vía los mecanismos legales, su visado.
Mientras que el titular de Migración explicó que una muestra de que la medida asumida está ceñida a la ley, y no a cuestiones de otra índole, es que desde el domingo 1,700 haitianos documentados han cruzado la frontera sin problemas.
Se reactiva el comercio en la zona fronteriza
Las actividades cotidianas y comerciales se normalizaron en la frontera domínico-haitiana después de que el grupo, liderado por el sacerdote Martínez y que permanecía varado desde el domingo seis en el puente sobre el río Masacre en Dajabón, se retiró para iniciar el proceso de regularización.
La JCE apoya la postura asumida por Migración
La Junta Central Electoral (JCE) ofreció su respaldo a la Dirección de Migración, de no otorgar documentos a nacionales haitianos ilegales, así como de no permitirles su entrada al país sin haber regularizado su situación.
Roberto Rosario dijo que en este mes, que coincide con el bicentenario de Juan Pablo Duarte, es un buen momento para que se retome esa discusión. Recordó que se trata de una isla con dos países y que hay muchas personas que entienden que es una isla con un solo Estado.
“Con eso (la medida de Migración) lo que está evitando es que luego quieran presionar a la Junta para que otorgue documento a personas que no tienen derecho a obtenerlo”, manifestó.
